Roberto Porta Có[email protected]
El debate sobre el 6 por ciento a las universidades regresa a la palestra. El proyecto de presupuesto nacional 2004 será enviado al Legislativo próximamente y se augura que la cifra remitida por el Gobierno no corresponderá al seis por ciento del total. Esto seguramente generará el malestar de las autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU), su consiguiente reclamo en la Asamblea Nacional y la acostumbrada descarga de morteros.
Telémaco Talavera, presidente del CNU, ha manifestado que sus representados están dispuestos a aceptar menos del seis por ciento —como un reconocimiento a las limitaciones financieras del Gobierno— mientras la transferencia no sea inferior a los 830 millones de córdobas y los servicios básicos —86 millones adicionales— sean cubiertos por separado. Talavera basa sus demandas en la Constitución Política y en la Ley 89. El MHCP, por su parte, acepta transferir los 86 millones para el pago de agua y luz, pero solamente 721 millones en concepto del seis por ciento .
Hasta aquí, todo igual. La historia se repite y por momentos pareciera que los actores políticos simplemente desviarán sus vehículos de las avenidas tomadas por los estudiantes para más tarde enterarse con indiferencia que la trifulca ha sido resuelta. Sin embargo, en esta ocasión, parece que alguien —o algunos— han decidido echar un vistazo serio a este dilema recurrente.
Por primera vez, un diputado, en este caso el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Orlando Mayorga, ha puesto el cascabel al gato, al señalar la diferencia que existe entre entregar un informe sobre el uso del seis por ciento y justificar los gastos en cada rubro. El diputado Mayorga ha enfatizado que no basta con reportar que cien córdobas se gastaron en papeles, sino en justificar para qué sirvió ese papel. El diputado no sólo exige transparencia, sino también eficiencia.
Simultáneamente, la Contraloría General de la República (CGR) ha decidido programar una investigación sobre el uso de los fondos. Irónicamente, por limitaciones presupuestarias, la CGR concentrará sus auditorías solamente en tres de las diez universidades del CNU, pero ha tenido cuidado de seleccionar las más representativas. Ésta es también una acción sin precedentes.
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Silvio De Franco, no se ha quedado atrás y ha denunciado con vehemencia otra de las grietas morales del seis por ciento: la cada día más aparente incoherencia entre la transferencia y las necesidades reales del país, además del matiz caprichoso con que el porcentaje fue insertado en la Constitución hace más de una década.
Empero, la posición de Telémaco Talavera es comprensible. Después de todo, él es un rector universitario escogido para liderar uno de los entes más politizados y polémicos de la historia nacional moderna. Si nos guiamos por la Ley, Talavera tiene razón. El arto. 125 de nuestra Constitución establece la obligación del seis por ciento, mientras la Ley 89 instruye al Gobierno a pagarle los servicios básicos a las diez universidades del CNU. Talavera no tiene la culpa, ni ha mostrado indicios de deshonestidad o ineptitud, pero quizás es tiempo de admitir que ningún marco legal está exento de reformas, especialmente cuando ese marco legal adolece de un mínimo de pragmatismo.
El problema para el CNU es que todo el mundo sabe que ese artículo y esa ley tuvieron un claro origen político, en momentos en que el FSLN dejaba el poder y proclamaba que “gobernaría desde abajo”. El problema es que invertir 830 millones de córdobas en una minoría de 65,000 estudiantes, es una aberración indefendible desde un punto de vista aritmético. El problema es que las condiciones actuales del país han evidenciado que la educación básica, la salud y la justicia son las que necesitan esos millones, independientemente de cualquier rendición de cuentas presentada por la minoría universitaria. El problema es que ya no es suficiente justificar cuánto cuesta un laboratorio de ingeniería, sino demostrar que ese laboratorio es prioritario para el bienestar del país. El problema es que en caso de un retorno del FSLN al poder, es muy probable que el regateo gubernamental continúe… pero muy improbable que los morteros universitarios puedan ser utilizados.
El debate sobre el seis por ciento terminará algún día. No puede continuar indefinido. Mientras su génesis se desvanece entre la pólvora de un lejano abril, es posible que sus mismos progenitores faciliten su reforma, una vez que la rigidez del dogmatismo empiece a atentar contra su propia supervivencia. Lo alentador es que este debate ya no parece ser una preocupación exclusiva del Gobierno, sino del Estado. Y esas son malas noticias para los que se consideran intocables. ¡Enhorabuena!
El autor es director ejecutivo Inatec.
