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Tormenta sobre la Procuraduría
Hace dos años se denunció la existencia de doble salario por el mismo trabajo, entregado a ciertos funcionarios públicos del gobierno anterior, sin que uno de esos sueldos fuese de alguna manera registrado contablemente. Cuando se supo esa práctica, la crítica fue unánime pues además de ilegal, era injusto pagar a una misma persona dos remuneraciones por el mismo desempeño, dada la alta desocupación que registra Nicaragua. Además, uno de los sueldos se entregaba secretamente y su cantidad dependía de la discreción de la autoridad respectiva. Esta práctica convertía al empleado en un cómplice de algo penado por la ley y lo que era aún peor, lo sometía al chantaje.
Conste que ese procedimiento anómalo lo practicó tanto el gobierno de los ochenta (que lo inició), como los de los noventa. Según reveló en su momento el ex Viceministro de la Presidencia durante el período de doña Violeta Barrios de Chamorro y luego prófugo de la justicia, Tony Ibarra Rojas (q.e.p.d.), la fuente del dinero era una misteriosa “caja negra” alimentada a su vez con fondos irregulares guardados tras las bambalinas de Casa Presidencial. El gobierno de Arnoldo Alemán que tomó posesión en 1997 continuó la misma conducta, ya convertida en algo rutinario. En esa época fue catalogada como “gastos confidenciales”, que ni siquiera era auditables, pues el pretexto era que se utilizaban para resguardar la seguridad del Estado.
En ese contexto cabe mencionar que en Guatemala en 1993, el presidente provisional Ramiro de León Carpio canceló del Presupuesto esa partida tras comprobar que la corrupción del depuesto presidente Jorge Serrano Elías empezó por esa vía. En otros países, es una comisión especial del Congreso, juramentada para guardar el sigilo, la que revisa la justificación de esos egresos.
Pero en Nicaragua funcionó hasta que el ingeniero Enrique Bolaños prometió en su toma de posesión que la “nueva era” terminaría de una vez por todas con esa corruptela.
Por ello sorprendió la denuncia del contralor Guillermo Argüello Poessy, quien apartándose del procedimiento normal de investigar primero, condenó de entrada a la Procuraduría politizando innecesariamente sus declaraciones. Lo anterior no obsta para reconocer que existen dos remuneraciones para algunos empleados de la Procuraduría, sin embargo esta vez se conoce el limpio origen del sobresueldo que proviene de donaciones debidamente tramitadas, firmadas y publicadas.
La Cancillería y los países donantes interesados en apoyar la lucha contra la corrupción, firmaron un Convenio publicado en La Gaceta. Además, esa operación fue desde el principio informada a Hacienda y a la Contraloría. Asimismo los receptores del dinero han venido cancelando los impuestos respectivos en Ingresos y en el INSS.
Finalmente, los embajadores de los países que entregaron aquellos fondos a título gratuito, confirmaron en un comunicado el propósito del aporte y el destino transparente que tendrían las donaciones que era completar sueldos de los funcionarios de la Procuraduría encargados en descubrir malversaciones. Igualmente, esos mismos diplomáticos expresaron satisfacción por el uso que se dio al dinero y los buenos resultados conseguidos. Por otra parte es justo reconocer el riesgo personal que corren aquellos investigadores de la Procuraduría, por las represalias que pueden sufrir de los afectados.
Destaquemos sin embargo tres aspectos que el Gobierno debió manejar mejor. El primero es la cantidad que otorga a los funcionarios beneficiados, es irritante el desnivel en sueldos de los funcionarios privilegiados con complemento salarial y lo que ganan los cuadros inferiores. Segundo, que las dos sumas adjudicadas al mismo empleado debieron cobrarse consolidadas de Hacienda, cuyo titular debió comparecer ante los medios como hicieron el procurador Francisco Fiallos y el vicecanciller Salvador Stadthagen, el mismo día que estalló el escándalo. Señalemos finalmente que el señor procurador Fiallos en su defensa ante los medios debió limitarse a contestar con profesionalismo los cargos que con derecho le formuló el contralor Argüello, sin caer en la trampa de una planeada provocación, pues quien “no las debe no debe temerla”.
