- Legislativo tendrá obligación legal de dar trámite a toda iniciativa de ley que los ciudadanos impulsen
- Ley define los mecanismos para empujar proyectos, pero aún falta establecer esa posibilidad frente al referéndum y el plebiscito
Consuelo Sandoval yMaría José Uriarte [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer 20 de los 99 artículos del proyecto de Ley de Participación Ciudadana, que otorga derechos a los nicaragüenses para presentar iniciativas legislativas y obligará a las autoridades públicas a someter a consulta las disposiciones, ordenanzas y resoluciones de los Poderes del Estado, Regiones Autónomas y gobiernos municipales.
Esta nueva legislación implicará la derogación de la actual Ley de Iniciativa Ciudadana aprobada en 1997, que otorga la potestad a los ciudadanos de presentar anteproyectos de ley ante el Parlamento, acompañadas de cinco mil firmas de respaldo, informó el diputado José Figueroa.
El legislador explicó que la Ley de Participación Ciudadana, que estuvo engavetada durante dos años en el Parlamento, obligará a los legisladores consultar a los nicaragüenses por cualquier anteproyecto legislativo que esté siendo dictaminado, igualmente las resoluciones y ordenanzas de los gobiernos autónomos de la Costa Caribe nicaragüense y de las 152 municipalidades del país.
Además, agregó, regula la función y el rol que deben jugar las instancias de instituciones como el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), Consejos Regionales Autónomos, Comités de Desarrollo Municipal, y también define los planes de inversión de las estrategias de desarrollo edilicio y las transferencias municipales.
Destacó que se establecerá el derecho de petición y de denuncia de los ciudadanos, es decir, añadió, que los funcionarios públicos no podrán negar una información solicitada por los nicaragüenses, quienes también contarán con un procedimiento para denunciar las irregularidades o conducta de empleados estatales.
Marlene Álvarez, de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, aseguró que la aprobación parcial de la ley constituye un avance en la discusión de las políticas públicas para el desarrollo de los municipios.
La Red por la Democracia estima que algunos aspectos contenidos en el actual dictamen, dan oportunidad para que se apruebe una ley restrictiva.
Cita que se omiten dos mecanismos como son el Plebiscito y el Referéndum.
A pesar de la existencia de los pueblos indígenas, sólo se menciona a los de la Costa Atlántica, en el ejercicio de iniciativas de normas locales y que no se incluye a miembros de la sociedad civil en el Consejo de Participación Ciudadana.
OBLIGACIÓN LEGAL
“También se regula todo lo relacionado en la consulta, una vez introducido un proyecto de ley en el Poder Legislativo, se establece como obligación de la Asamblea Nacional hacer consultas en todos los proyectos de ley que sean introducidos aquí e, incluso, en caso de no hacerse consultas puede declararse nulo un dictamen una vez que el diputado presente esto ante el Plenario”, señaló el diputado José Figueroa.