- En el caso del Canal 6
Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Mauricio Martínez, abogado defensor del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, solicitó su libertad bajo el argumento que en el juicio por la quiebra de la televisora estatal, Canal 6, cuyas pérdidas son de 1.3 millones de dólares, no existe delito ni delincuencia, pilares fundamentales en un proceso judicial.
La juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, quien tramita el proceso contra el ex mandatario, benefició recientemente al ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Salvador Quintanilla y lo sobreseyó de los cargos imputados en su contra. Es precisamente este hecho, uno de los argumentos en que se basa Martínez para solicitar la excarcelación de Alemán.
SI BENEFICIÓ A QUINTANILLA, TAMBIÉN A ALEMÁN
“Así como (…) favoreció al señor Salvador Nolasco Quintanilla Vanegas, que (la juez) aplique conforme a la Constitución el derecho de igualdad de un procesado y que se le dé la libertad por falta de comprobación del cuerpo del delito. Observe usted que hay un dictamen de la Contraloría General de la República del 2 de mayo del año pasado que no establece responsabilidad penal, civil, ni administrativa en contra del doctor Alemán”, expresó Martínez.
Afirmó que en una inspección realizada por la juez Gertrudis Arias, (quien en su momento tramitó el caso), se constató que existían los equipos televisivos para mejorar el canal estatal. “También existe una constancia de la dirección de Fiscalización de la Dirección General Aduanera del gobierno de (Enrique) Bolaños que dice que ahí entraron equipos por más de dos millones y medio y el fraude que supuestamente se dice es por un millón 300 mil dólares”, aseguró.
MINIMIZA A JEREZ
En torno a los supuestos arreglos a los que habría llegado el recluso Byron Jerez con autoridades judiciales norteamericanas, para flexibilizar las sanciones que se le puedan imponer en Estados Unidos y Nicaragua, a cambio de información que compromete al ex mandatario Alemán, Martínez minimizó esta situación amparándose en un pasaje del Código de Instrucción Criminal.
“El Código de Instrucción Criminal establece que la declaración de un reo contra otro no tiene valor ni efecto legal alguno y sería una prueba obtenida ilegalmente en contra de la Constitución Política del Estado”, apuntó.
