- Diputada señala la destrucción del ecosistema
Luis Alemán [email protected]
La diputada de Masaya, Jacaranda Fernández Mejía, solicitó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), investigue la explotación irracional de las minas de piedra pómez y la violación a los derechos humanos que sufren los buscadores de este material en las minas ubicadas en la ciudad de Masaya.
Fernández detalló que los intermediarios a quienes se les conoce como el señor Rodríguez y Oliver García, que son los que compran la piedra y la venden a las empresas de la Zona Franca Chentex, Chih Shing y Nien Shing, obtienen ganancias hasta por los 70,000 córdobas por cada camión cargado con pómez, mientras los buscadores de la piedra, sólo obtienen ingresos de 10 córdobas por saco.
“Mientras a los campesinos les pagan 10 córdobas por cada saco de pómez, los intermediarios lo venden a la Zona Franca en 20 dólares”, denunció la diputada, quien informó que solicitó a las comisiones de salud, laboral, derechos humanos y del medio ambiente de la Asamblea Nacional, inicien una investigación sobre el problema que se ha generado en las minas, donde se han registrado cuatro personas muertas al quedar enterradas por derrumbes en las minas.
“Queremos que el Cenidh nos acompañe en las investigaciones y compruebe la explotación a que son sometidos los campesinos de Las Flores; El Atillo, La Garza, Quebrada Honda, Los Cocos y El Edén, quienes han dejado de ser cultivadores de la tierra, para convertirse en mineros”, aseguró.
Según la diputada, en la zona ubicada en una extensión de 1,220 manzanas en las que habitan 13,000 habitantes, hay 12 minas de las que se extraen 20 toneladas mensuales de piedra pómez.
“Las minas de piedra pómez forman parte de un filtro natural del ecosistema, es un filtro del fluido de agua, retenedor del manto acuífero, mantiene la humedad y el equilibrio del ecosistema, pero lo están destruyendo”, afirmó la diputada Fernández.
Para la diputada, los ministerios de Fomento, Industria y comercio, de Recursos Naturales y del Ambiente; y del Trabajo, deben iniciar una investigación del caso, ordenar un estudio de restauración de la zona dañada por la explotación de la pómez, ordenar y regular técnicamente la posibilidad de continuar la explotación del material y la Seguridad Social de los buscadores de piedra.
Las empresas de la Zona Franca según Fernández, traían la piedra pómez desde Malasia y Singapur, pero desde hace cuatro años están explotando el suelo y subsuelo de las comunidades de Masaya, “aprovechándose del hambre y miseria de la población de esa zona”, aseguró.
Por su parte, la doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, aseguró que la situación en las minas es grave, en tal sentido prometió gestionar frente a las autoridades una investigación sobre el caso y determinar las responsabilidades que tienen las autoridades nacionales en permitir la explotación de las minas.
