- La solución está en manos de la Presidencia
José Adán Silva [email protected]
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Procuraduría “transfiere” caso Zoilamérica a Bolaños
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La solución está en manos de la Presidencia |
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La Procuraduría General de la República desmintió ayer al asesor legal de la Presidencia, Julio Vega, quien esta semana afirmó que ese Poder del Estado “no sabía” de la decisión de Zoilamérica Narváez, ex hijastra del líder sandinista Daniel Ortega, de reactivar el caso por considerar que el gobierno del presidente Enrique Bolaños no mostraba voluntad para llegar a un arreglo.
Narváez demandó hace tres años a Nicaragua ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, por considerar que sus derechos se habían violado, al no recibir el respaldo de la justicia nicaragüense en su demanda judicial por violación y abusos sexuales contra Ortega.
Una vez que el presidente Bolaños asumió su cargo de gobierno, ordenó a la Procuraduría negociar con la demandante para que ésta abandonara la demanda a cambio de un arreglo amistoso. Pero tras 17 meses de negociaciones, Narváez anunció que rompería el proceso de solución porque el gobierno “no tiene interés en resolverlo”.
Ayer, el vocero de la Procuraduría General de la República, Sergio Boffelli, dijo que esa institución aceptó negociar por parte del gobierno, en su calidad de abogado del Estado, y que tras varios meses de pláticas, logró avanzar en la solución de los aspectos propuestos por Narváez, pero que dos de los principales aspectos pendientes de solución, estaban en poder del Ejecutivo.
Boffelli dijo que por medio de la Procuraduría se logró que la obtención de la personería jurídica de la Fundación “Sobrevivientes”, de Narváez, sea tramitada y que, además, la Procuraduría acompañó y avaló las visitas de Narváez a embajadas y consulados en busca de financiamiento para ese organismo no gubernamental.
PRESIDENTE PUEDE RESOLVER
Según Sergio Boffelli, dos de las condiciones de Narváez para retirar la demanda, sólo pueden ser solucionadas por la Presidencia: una indemnización del Estado por 100 mil dólares y una disculpa pública del gobierno reconociendo que el Estado violó sus derechos y le negó la justicia, en un juicio del cual Ortega salió sobreseído definitivamente en el 2001.
“Nosotros le informamos de eso a la Presidencia, los aconsejamos qué hacer, porque nosotros como Procuraduría no podemos resolverle esas condiciones a la señora Narváez; es potestad del presidente Enrique Bolaños solicitar el dinero o pedirlo a través del Presupuesto General de la República. Ya esos dos aspectos (el dinero y las disculpas) no son resorte de esta Procuraduría”, insistió Boffelli.
