- Una juez y varios notarios podrían resultar implicados en caso de niños que viajaron a España con documentos falsos
- Un párroco de Quezalguaque constató que varios de los menores estarían en manos de presuntas lesbianas
Elizabeth Romero [email protected]
Varios notarios y una jueza de León serán investigados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras la denuncia surgida dos semanas atrás, sobre el presunto tráfico de cinco niños nicaragüenses que fueron sacados hacia España.
Se conoció que en la investigación realizada por la Policía, existe la declaración de un cura párroco de un municipio de León, quien visitó en España, uno de los hogares de tres de los niños entregados en adopción, el cual estaría a cargo de una pareja de presuntas lesbianas.
Un informe en poder de un organismo de derechos humanos, señala que el religioso declaró ante la Policía que, posterior al huracán Mitch, conoció por otras religiosas que una familia española estaba dispuesta a ayudar a una familia de Quezalguaque, por lo que, actuando de buena fe, propuso a un pequeño que había sufrido de maltrato por parte de su padre.
Dos españolas ofrecieron ayudar a toda la familia “llevándoselas a España, ofreciéndoles trabajo, estudio y bienestar familiar a los niños en España”, afirmó el sacerdote.
RELIGIOSOS SE SIENTEN UTILIZADOS
En su relato el religioso aseguró que posteriormente viajó a Roma y aprovechando un día libre fue a España, para visitar a los menores a quienes encontró en buen estado de salud, pero observó “la falta de un varón en el hogar, pensando que las españolas eran una pareja de lesbianas”, destaca el informe.
El sacerdote manifestó a las autoridades que investigan el caso que “si hubo algún trámite mal intencionado para la adopción de los niños, ellos no tenían participación y más bien se consideran utilizados por las españolas, estando a disposición para aclarar el caso de los niños”.
Este es el caso de la familia de la menor Lucía Mercedes Picado, de 15 años, quien al igual que sus hermanos fue conducida a España en compañía de su madre, pero que una semana después pidió regresar a su país.
A la niña no le gustó que la mantenían encerrada en un cuarto y en cuanto decidieron enviarla de regreso a Nicaragua, las trasladaron a ella y a su madre a otra casa.
A cambio, las españolas le dieron dinero a su madre, quien les dejó a sus hermanitos en su poder, entre ellos un niño de tres meses.
A su regreso en Nicaragua, la madre de la menor se robó a una niña, según confió ésta a la Policía. Pero sobre esto no hay mayores detalles.
Estos niños viajaron a España en diciembre de 1998. El pasado 13 de agosto del presente año, la Policía recibió una denuncia presentada por el padre de éstos Hilario Manuel Picado.
CAMBIO DE MADRE
Entre las declaraciones obtenidas por la Policía, destaca la de una secretaria de un Juzgado de ese departamento, quien entre otras cosas declaró ante la Policía que la judicial con quien trabaja, llegó a sacar un pasaporte a nombre de una de las niñas en el que aparece como su madre.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Armengol Cuadra, que atiende el departamento de León, anunció que este miércoles iniciará una investigación sobre el caso, del cual sólo conoce extraoficialmente que existe una queja en contra de una jueza de León.
El funcionario del Poder Judicial anunció que de llegar a confirmar las versiones extraoficiales no habrá consideraciones con los implicados.
Cuadra dijo que en la investigación también incluirán a abogados y notarios públicos que hayan incurrido en este delito.
“Todo eso vamos a investigarlo, si están en ejercicio de la profesión o por su cuenta, para procesarlo penalmente”, sostuvo.
Para ello anunció que solicitarán la investigación realizada por la Policía Nacional sobre este caso.
INVESTIGACIÓN POLICIAL
La semana pasada la Policía Nacional de León confirmó la investigación realizada sobre el presunto tráfico de niños, que pudiera estarse efectuando desde algunos municipios de ese departamento hacia España.
Según los registros policiales uno de los padres de estos menores fue procesado por esa institución por maltrato a su pequeño de cinco años. Mientras la madre de éstos fue arrestada por el delito de secuestro de una menor por lo que cumplió condena de un año.
El hecho fue conocido tras un documento enviado por la Embajada de España al Ministerio de la Familia, en el cual mencionan el caso de otra niña Belén Cristina del Carmen Ortiz Martínez, quien ingresó a España el pasado siete de septiembre del año pasado, con una escritura pública sin legalizar ni autenticar.
Según los archivos policiales, esta niña fue atendida en la Comisaría de la Mujer y la Niñez de esa ciudad y entregada el 30 de agosto a la delegación del Ministerio de la Familia. Las autoridades desconocen el trámite legal o los mecanismos que se utilizaron para su viaje a España, lo cual es investigado.
VERSIÓN EXTRAOFICIAL
La versión que el magistrado Armengol Cuadra conoció de manera extraoficial fue que: “Hay una queja contra una juez que está comprometida ahí, sobre el tráfico de niños”.
