José Adán Silva [email protected]
El hombre llegó con su machete desenvainado y una mirada hostil, a advertirles que en la parte que pega con la trocha, él haría su casa y una huerta. Pero por poco y lo linchan, por el atrevimiento de haberse metido en una cooperativa de desmovilizados, a elegir el pedazo de tierra donde quería vivir.
Ese fue el primero de varios hechos violentos que han ocurrido en la finca El Hular, una propiedad envuelta en un complejo lío, ya que aparte de estar en ocupación por desmovilizados de la Resistencia desde hace cuatro años, está pendiente de un fallo judicial por una estafa que cometieron años atrás sus anteriores ocupantes, quienes aparte de haberla empeñado con el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), la vendieron a varias personas.
Pero para terminar de complicar el asunto, la comisión del gobierno que negoció con los campesinos de los plantones la entrega de parcelas de tierras, incluyó en una lista de propiedades la finca El Hular, lo cual ha generado que algunos campesinos hayan intentado ocupar sus parcelas.
El reclamo se le hizo vía carta al intendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada, por Vilma Oporta Gutiérrez, representante de los desmovilizados en las zonas Norte y Central del país, en los municipios Río Blanco, San Ramón y Matagalpa.
Ella negocia la titulación de El Hular conforme los acuerdos de desmovilización entre la ex Resistencia Nicaragüense y el gobierno de Nicaragua, suscritos en abril y ratificados en septiembre de 1999, conforme al proyecto Programa Especial a Desmovilizados.
Oporta, quien expresa que se llevó tremenda sorpresa cuando leyó los Acuerdos de Las Tunas, dice que en varias ocasiones, de forma personal ha hablado con Tablada, para agilizar el proceso de titulación de El Hular, pero que éste no les ha resuelto.
En el numeral IV de dichos acuerdos, los negociadores incluyeron dentro de las fincas a negociar, El Hular, ubicada en la comarca Yasica Norte, San Ramón, Matagalpa, con 700 manzanas y que está en poder del colectivo “Gracias a Dios”, con documento de asignación que consta en papel de seguridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 07397, dado en la ciudad de Managua el 9 de noviembre de 2001.
Según Oporta, esta negociación, al margen del cumplimiento de acuerdos con desmovilizados, podría generar conflictos entre los desmovilizados de la Resistencia y los campesinos de los plantones, por lo cual llama al gobierno a modificar esos acuerdos y evitar que sucedan actos violentos en el campo.
