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Se les juzga por sus fallos y sus fallas
Ante la resolución de la jueza de Bluefields que por una cuestión de procedimiento ordenó la libertad de los ex oficiales policíacos acusados por la Fiscalía de supuesta complicidad con el narcotráfico, debemos señalar a los mandos superiores de la Policía Nacional que es su responsabilidad impedir que ese fallo judicial tenga como consecuencia represalias contra la vida y la seguridad de los periodistas de LA PRENSA que hicieron la investigación sobre el narcotráfico en la Costa Atlántica.
Ahora bien, esa sentencia de Bluefields nos motiva a recordar que así como a los políticos y a los hombres en general se les juzga por sus actos, no por lo que dicen de sí mismos, a los jueces se les juzga por sus fallos y no por lo que ellos argumentan para justificarlos.
Al respecto de eso, el jueves de la semana pasada la Fundación Violeta Barrios de Chamorro celebró en Managua un foro sobre Jueces, periodismo e impunidad, en el que algunos funcionarios judiciales acusaron a los periodistas de “denigrar y tratar de corrupto al juez, cuando éste no emite un fallo acorde con la intención del periodista”.
Sin dudas que en parte esa valoración es correcta, pero también y al mismo tiempo es falsa en mayor medida. En realidad, no sólo en Nicaragua sino en muchos otros países se critica que los juicios se ventilan más en los medios de comunicación que en los tribunales, que los periodistas omiten la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas, y que no consideran que pueden afectar —con el enfoque de sus informaciones y opiniones— la honra y dignidad de los involucrados, así como de terceras personas inocentes, o la imagen de instituciones como el mismo Poder Judicial.
Ciertamente que los periodistas y los medios deben autocriticarse y esforzarse de manera permanente por hacer una mejor cobertura de los acontecimientos, brindar una información más exacta sobre los eventos judiciales y respetar a las instituciones, diferenciándolas de las personas y en particular de los funcionarios incompetentes y venales. Es cierto que el trabajo de la información es imperfecto, como toda actividad humana, pero por su propia naturaleza debe ser exigente consigo mismo y los profesionales de la comunicación buscan siempre la perfección, o al menos la excelencia.
Sin embargo, el verdadero enemigo de la justicia y los jueces y magistrados no es el periodista ni el medio de comunicación, sino la injusticia, así como las actuaciones turbias y los fallos equívocos de los mismos jueces, cuya obligación es dar con ecuanimidad y transparencia lo que le corresponde a cada quien.
Justicia e injusticia son siempre dos caras de la misma moneda. En todas partes se cometen injusticias con los fallos y las fallas judiciales e invariablemente los sujetos de los procesos alaban a los jueces cuando son favorecidos por sus sentencias pero los denigran cuando les son adversos.
Sin embargo, en los países institucionalizados, donde los poderes públicos y en particular el Judicial son ejercidos de manera profesional y ajena a los intereses políticos y partidistas, los ciudadanos tienen la confianza de que las apelaciones serán tratadas correctamente y que se corregirán las posibles injusticias e irregularidades procesales.
Por desgracia no es esa la situación de Nicaragua, donde la justicia se imparte a medias, es coja, está politizada, partidizada y corrupta. Esta degradación es la verdadera enemiga de la justicia y causa daños irreparables a las personas y la sociedad.
De manera que no es por las investigaciones e informaciones de los periodistas sobre el acontecer judicial que los magistrados y jueces tienen un alto grado de desprestigio y son considerados por la ciudadanía como politizados, injustos y corruptos. Esa mala imagen la tienen por sus propios actos, fallos y fallas judiciales, y mientras sigan dictando sentencias como la de Bluefields sobre el tráfico de drogas y la del litigio entre Iniser y Agroinsa, para sólo poner dos botones de muestra, la gente continuará desconfiando más y más de la justicia y de los jueces y magistrados, con todo lo perjudicial que eso significa para la estabilidad de las instituciones y la reputación de los funcionarios judiciales, aunque esto último al parecer a ellos no les importa.
