Jaime Wheelock Romá[email protected]
En la edición de La PRENSA del martes 5 de agosto el Editorial recoge algunas informaciones y ciertas opiniones que no se ajustan a la realidad. Por los alcances y gravedad del tema que se aborda y como ex Ministro de Reforma Agraria del gobierno revolucionario 1979-1990, considero necesario contestarlas:
La Ley 88 no fue promulgada simplemente por el presidente Daniel Ortega. Fue discutida y aprobada por la Asamblea Nacional de la cual formaban parte el FSLN y los partidos Conservador, Liberal Independiente, Socialista, Comunista y otros. Fue Ley de la República, no decreto faccioso.
Esa misma Ley (que el editorial denomina ley de “la piñata”) no confirió nuevas propiedades a nadie. Se hizo para darle fuerza a los títulos de reforma agraria previamente otorgados equiparándolos a escrituras ordinarias de propiedad como lo planteaba hacer en su programa la UNO. El gobierno sandinista decidió hacerlo antes.
No es cierto, como se afirma en el editorial, que la reforma agraria sandinista convirtió en terratenientes a muchos líderes políticos y militares del FSLN. Mientras el suscrito fue Ministro de Reforma Agraria desde julio de 1979 hasta abril de 1990, nunca se dio ninguna propiedad a líderes o militares sandinistas. Se dio tierras a las madres de los héroes y mártires, desmovilizados del Ejército y aún a desalzados de la Resistencia, pero esto se hizo en el marco de la Ley de Reforma Agraria y por razones humanitarias conocidas. Durante el período de transición se legalizó con títulos agrarios tierras que el Gobierno había asignado a instituciones públicas como EPS y Ministerio del Interior o universidades. Asimismo se indemnizó con tierras a propietarios que previamente habían sido expropiados y también se devolvió tierras a quienes las habían donado. Los abusos detectados fueron unos pocos entre más de 60 mil títulos emitidos y ninguno fue autorizado o aprobado por el suscrito.
Según el editorial, la reforma agraria sandinista fue una farsa pues si hubiera sido real ningún campesino tendría necesidad de marchar 150 kilómetros cargando niños, ancianos y enfermos, etc. La reforma agraria sandinista entregó tierras a 120 mil familias que representaban el 66 por ciento de la población total del campo. Y también las benefició con crédito, asistencia técnica, maquinarias, insumos, riego, precios de garantía para la exportación, etc. Con sus muchas limitaciones, la reforma agraria contribuyó a que nadie en el campo tuviese necesidad entonces de marchar, o morirse de hambre; había trabajo abundante y más bien faltaban brazos para atender la producción. Hubo hacia el campo programas de alfabetización, salud, vivienda, electrificación, caminos rurales que actualmente no existen.
Estoy de acuerdo en que es necesario investigar si hay intereses ocultos detrás de la marcha esperando re-comprar propiedades a precios de “guate mojado”.
Para arrojar luz sobre lo que ocurre en el campo y aportar soluciones de veras serias para superar esa crisis que golpea a toda la población, hay que enfundar el cuchillo partidarista, enfocar las cosas con visión de nación y hacerse sobre todo cargo de la verdad. Factores que pueden explicar mejor el porqué de esta marcha son entre otros:
Desde los años 90 los tres gobiernos sucesivos emitieron leyes expropiatorias (decretos 10-90, 11-90, etc.) y generado acciones institucionales (revisión y anulación de títulos agrarios) que provocaron la incertidumbre y desconfianza entre los beneficiarios de la reforma agraria.
Programas fundamentales para el sostenimiento y desarrollo de la producción agropecuaria fueron suspendidos. Entre ellos el Programa de Crédito Rural del Banco Nacional.
Las políticas económicas adoptadas por los últimos tres gobiernos enfocadas en atraer la inversión extranjera y facilitar la inmersión de Nicaragua en los mercados globalizados han tenido resultados catastróficos en la producción y el empleo agropecuarios.
Los costos de producción artificialmente altos dictados por las empresas monopólicas de energía y agua encarecen los costos de producción afectando la rentabilidad de los cultivos.
Los altos impuestos que la burocracia pública carga sobre la producción agropecuaria han hecho inviables económicamente la mayoría de los productos nicaragüenses.
Frente a la competencia desleal de subsidios y cuotas que llevan a cabo los países desarrollados y que afectan nuestros principales productos de exportación, no existe una política de defensa del productor nacional.
La reforma agraria ha sido una de las principales conquistas sociales de la revolución. Su debilitamiento se ha venido ejecutando sistemáticamente en los últimos doce años. Problema de fondo es que también se ha venido socavando las bases de la producción agropecuaria de Nicaragua sacando de la competencia la mayoría de nuestros productos tradicionales y no tradicionales, y dejando en la quiebra a los agricultores pequeños, medianos y grandes.
El autor fue ministro de Agricultura y Reforma Agraria.
