Freddy Potoy [email protected]
Mañana se cumple un año que el Gobierno destapó la famosa huaca de corrupción de la administración del ex presidente Arnoldo Alemán y los resultados no son nada alentadores para las esperanzas de quienes auguraban aires de transparencia, confianza y seguridad jurídica en un nuevo gobierno liberal.
El caso de la huaca se ha desenvuelto en medio de un mar de negociaciones políticas para no perjudicar fundamentalmente a Alemán, quien permanece “preso”, pero a como él, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los arnoldistas quieren, no como la ley manda.
Alemán es visto como el símbolo de la corrupción en el Estado, y el año pasado, después que el siete de agosto la Procuraduría General de Justicia expuso una serie de supuestos abusos del gobierno liberal, inició un juicio contra varias personas, entre ellas el ex mandatario, Jorge Solís Farias y Esteban Duque Estrada (los últimos dos prófugos) sin embargo, a estas alturas no ha pasado mayor cosa.
A pesar que el caudillo fue fulminado con auto de segura y formal prisión por lavado de dinero el pasado 13 de diciembre, la juez sandinista Juana Méndez, no ha querido dictar sentencia condenatoria contra el reo, no obstante que la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas (Ley 285), así lo establece.
Mientras tanto, Solís y Duque Estrada permanecen prófugos de la justicia y la juez Méndez no hace lo suficiente para extraditar a ambos procesados.
El artículo 78 de la Ley 285 establece que “los reos procesados por la comisión de los delitos contemplados en la presente Ley, no serán excarcelados por ningún motivo bajo fianza y, no gozarán de los beneficios de la condena condicional, de la libertad condicional, ni el indulto o amnistía”.
El artículo 79 reza: “Los delitos contemplados en la presente Ley, no serán sometidos al conocimiento del Tribunal de Jurados establecido en la Ley No. 164 del trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 235 del trece de Diciembre de mil novecientos noventa y tres. Una vez evacuados los trámites de la segunda vista y subsanadas las nulidades si las hubiere, el Juez de Distrito del Crimen citará a las partes con señalamiento de lugar, día y hora para dictar la sentencia definitiva correspondiente, la cual deberá ser debidamente motivada, so pena de nulidad”.
La juez Méndez ha actuado con un gran margen de discrecionalidad jurídica y envuelta con la bandera del FSLN, a tal punto que ha beneficiado a Alemán dejándolo en su casa.
Ahora resulta que la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia que dejaría en libertad a Alemán, más que el Derecho interno, cobra mayor importancia y algunos magistrados sandinistas y arnoldistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han manifestado su disposición a acatarla.
La situación jurídica del país parece estar en un proceso regresivo y desalentador porque una vez más se demuestra que los políticos y los profesionales que imparten justicia, no tienen el mínimo interés en mejorar a Nicaragua. Caer en manos de la Policía Nacional y del Poder Judicial, en este país, es como que lo entierren vivo a uno.
