Eduardo Dávila Urbina Dí[email protected]
Cada vez que se aborda el tema de la producción agrícola, es casi obligatorio calificarla como una actividad económica expuesta a innumerables riesgos, sean éstos climáticos, biológicos ,tecnológicos comerciales, etc.
Esta situación no es nueva, de manera que desde hace siglos los agricultores y ganaderos a través de sus incipientes organizaciones gremiales, establecieron mecanismos solidarios de mutualidades a fin de cubrir entre todas las pérdidas periódicas sufridas por algunos de sus integrantes.
Estos mecanismos de coberturas de riesgos se han perfeccionado y el Estado no ha tenido un rol preponderante en lo que tiene que ver con el manejo de las pérdidas sufridas por los productores como consecuencias de los “hechos de Dios”. Es así como vemos que el Siglo XXI nos encuentra ante una economía globalizada, donde la competencia será el signo predominante, y la casi totalidad de los países afinan sus mecanismos de soporte institucional de sus sectores agrícolas.
En tal sentido es frecuente escuchar especialmente de los dirigentes gremiales del sector agropecuario que es muy difícil competir contra agriculturas foráneas que reciben fuertes dosis de subsidios. Este razonamiento es correcto, pero hay que admitir la poca creatividad en la formulación de propuestas que funcionen como antídoto a esta realidad.
Los subsidios a la agricultura forman parte de mecanismos que se encuentran en discusión con la mira a su paulatina eliminación, si es que esto puede llegar a ser posible pero mientras tanto, algunos de ellos son permitidos por la Organización Mundial del Comercio.
Me permito citar algunas cifras correspondientes a 2000 en caso específico.
De los subsidios a las primas del seguro agrícolas : “EE.UU subvencionó el 51por ciento de las primas del seguro agrícola, la cual representó la cantidad de 897 millones de dólares y benefició al 70 por ciento de los agricultores, España, por su parte, subvencionó el 55 por ciento de las primas por un monto de US$149 millones llegando a beneficiar al 32 por ciento de los productores y un país como México subvencionó 30 por ciento de las primas alcanzando los US$18 millones extendiéndose este beneficio a casi la cuarta parte de la superficie sembrada.
La actual atmósfera de cambio que se respira en el país es propicio para introducir en las políticas agrícolas que implementa el Estado, algunas definiciones sobre la materia, a objeto de lograr que el productor obtenga una póliza de seguro, lo cual no sólo le abaratará los costos de producción sino que además le otorga una posición más sólida ante la banca al momento de solicitar el crédito. El Ejecutivo Nacional debe instrumentar un mecanismo que permita a los productores agrícolas asegurar sus cosechas contra todo riesgo. Esta garantía le otorga al productor una posición más sólida frente a la banca al momento de solicitar el crédito.
Esta propuesta es relativamente barata de muy fácil aplicación y es un elemento fundamental en el diseño de un conjunto de reformas que apuntan a la modernización de nuestra agricultura para que puedan enfrentar los retos de la globalización con las armas adecuadas.
Especialista en Desarrollo Rural.
