- Por supuesto uso indebido de bienes del Estado para beneficio
personal
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El contralor Luis Ángel Montenegro no descartó la imposición de sanciones administrativas y hasta la destitución del magistrado Silvio Américo Calderón por el supuesto uso indebido de un vehículo del Estado para beneficio personal, según los hallazgos preliminares detectados por la Contraloría, en la auditoría que se practica en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Montenegro confirmó que las credenciales de la auditoría se ampliaron a otros colegas de Calderón y varios funcionarios del CSE que no identificó, quienes aparentemente también habrían incurrido en irregularidades similares.
“Nosotros hemos ampliado credenciales sobre el caso de la auditoría del CSE que tiene que ver con el uso de los vehículos dado que hay algunas evidencias que reflejan que otros magistrados hicieron uso en igualdad de condiciones que el magistrado Calderón. Nosotros ampliamos las credenciales para que se inicie una investigación y se ampliará a otros miembros del Consejo que han sido mencionados y otros funcionarios del CSE”, expresó Montenegro.
Reveló que de acuerdo a las evidencias preliminares han determinado que hubo un manejo irregular en la utilización de los bienes del Estado, considerando que los funcionarios públicos no pueden utilizar bienes estatales para beneficio particular, independientemente de la justificación.
SANCIÓN
Explicó que se puede deducir que en principio existe responsabilidad administrativa de Calderón por el cargo que ostenta que implica una sanción monetaria de pagar de uno a seis meses de salario, además que se le puede agregar la responsabilidad civil que contempla la destitución en el cargo.
“Pero como se trata de magistrados que son nombrados por la Asamblea Nacional, se le tiene que remitir copia de la sanción y lo otro es que si se cuantifica el daño que se le provocó al Estado ya sea del concepto de depreciación del vehículo, gasolina, llantas, se pudiera cuantificar por decir cualquier cifra, el funcionario del Estado que sea señalado en esos términos tiene que reincorporarlos al Estado”, advirtió.
Informó que en 30 días máximo estarán listos los resultados de la auditoría que se practica en el CSE.