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La marcha sobre Managua
En la historia han quedado registradas algunas marchas populares, políticas y político-militares, entre las que se puede mencionar por su mayor celebridad la Marcha sobre Roma, que hicieron del 16 al 28 de octubre de 1922 los fascistas italianos encabezados por Benito Moussolini; la Gran Marcha a Yenán, en 1928, de los comunistas chinos que lideraba Mao Tse Tung; la Marcha Verde de Marruecos, efectuada del 20 de octubre al 10 de noviembre de 1975, desde Rabat hasta la frontera del Sahara Español, organizada por el gobierno marroquí para reivindicar la soberanía sobre el territorio sahariano; y en Nicaragua, el Repliegue del 27 de junio de 1979 de los combatientes del Frente Sandinista que se habían tomado una parte del Este de Managua y fueron obligados por la Guardia Nacional a huir hacia Masaya.
Ahora se está llevando a cabo una marcha sobre Managua de algunos centenares de campesinos de Matagalpa que reclaman el cumplimiento de los Acuerdos de Las Tunas —suscritos en septiembre del año pasado— los cuales el Gobierno supuestamente no ha cumplido. La marcha no tiene en realidad la enorme magnitud que presentan sus organizadores, pero en cualquier caso es un hecho significativo en la precaria situación económica, social y política de Nicaragua.
Según el Gobierno los acuerdos socioeconómicos y humanitarios de Las Tunas fueron cumplidos, y habla de 98,534 personas beneficiadas, 117,605 beneficios entregados y casi 71 millones de córdobas invertidos hasta ahora. Al parecer esto es cierto, porque algunos líderes de los marchistas han tenido que aceptarlo. Entonces, ¿por qué tales beneficios no llegaron a esos marchistas que visiblemente están en la miseria y que por eso mismo son fácilmente manipulados por agentes políticos? ¿Es que con esos beneficios pasó lo mismo que con la “reforma agraria” sandinista que dejó el problema agrario igual o peor que antes pero convirtió en terratenientes a muchos líderes políticos y militares del FSLN?
Según funcionarios gubernamentales autorizados la parte de los Acuerdos de Las Tunas que no se ha podido cumplir es la que se refiere a las titulaciones de propiedades, porque en su mayor parte tienen verdaderos dueños o fueron perdidas en buena ley por sus anteriores propietarios.
Hay que recordar al respecto que el 2 de abril de 1990 el entonces presidente sandinista de la República, Daniel Ortega, promulgó la Ley 88 (Ley de protección a la propiedad agraria, una de las leyes de “la piñata” sandinista), en la que se consignó que “la Revolución Popular Sandinista impulsó un profundo proceso de transformación agraria, eliminando la injusta concentración de la propiedad y efectuando una amplia y equitativa distribución de la tierra”, (y que) “el Gobierno Revolucionario garantizó progresivamente el acceso del campesinado a la propiedad, incorporándolo a los planes nacionales de desarrollo agropecuario y Reforma Agraria”.
Pero la reforma agraria sandinista fue una farsa, pues si hubiese sido real ahora ningún campesino tendría necesidad de marchar ciento cincuenta kilómetros, cargando niños, ancianos y enfermos porque según el obispo católico de Matagalpa no tienen donde dejarlos, aunque hay lugares en aquella ciudad como la Casa Comunal, la Alcaldía, el Palacio Episcopal, la Catedral o cualquiera de los otros templos, el hospital, etc., donde pudieron quedarse y ser atendidos apropiadamente.
En realidad, independientemente de que hay un grave problema social en el campo por la gran cantidad de campesinos sin tierra (a pesar de que los sandinistas “resolvieron” el problema agrario), o porque carecen de empleo debido a la crisis cafetalera, esta marcha es visiblemente una maniobra política.
Ciertamente, ni siquiera disimulan su presencia entre los marchistas, algunos diputados, alcaldes, concejales y dirigentes sandinistas que gracias a la piñata se convirtieron en terratenientes y productores agropecuarios, y quienes podrían satisfacer las demandas de esos campesinos donándoles las tierras que necesitan y facilitándoles los recursos económicos y técnicos que necesitan para trabajar, cultivar, producir y vivir decorosamente. Así los campesinos marchistas no tendrían necesidad de inspirar compasión por los caminos y autopistas, ni de infundir temor y causar molestias a la gente de los poblados por donde pasan, ni permitir que su miseria sea manipulada por aventureros políticos que “viven” de las luchas de clases.
