José Luis Medal [email protected]
La salida del país del ex superintendente de Bancos y otros hechos recientes hacen necesario un examen a fondo del porqué de las quiebras bancarias que tuvieron lugar sobre todo en los años 2000 y 2001. Los costos de esas quiebras fueron enormes —supuestamente de cerca de quinientos millones de dólares— y es obligación de las autoridades respectivas la clarificación plena de las causas de las mismas. La confianza en la calidad de la supervisión bancaria y por ende en el mismo sistema financiero, está en entredicho.
El ex presidente del desaparecido Banco del Café sostuvo recientemente, que si bien el Banco Central emitió cerca de quinientos millones de dólares para cubrir las quiebras bancarias, adquirió de los bancos intervenidos activos iguales o mayores a esa suma y que en todo caso si el Estado tuvo pérdidas, ello fue el producto de un acelerado proceso de subasta pública que hizo vender a “precio de guate mojado” valiosos activos. Conforme esta tesis las enormes pérdidas que tendrán que pagar los contribuyentes fueron el resultado del ineficiente manejo de la liquidación de activos. Se ha afirmado además que el mayor responsable de todas las quiebras bancarias, lo fue el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa.
Debo mencionar que aunque desapruebo la manera en que presentó su renuncia el señor Sacasa, no tengo ninguna duda de su honestidad. Comparto la opinión ya expresada por otros sobre su intachable integridad personal. Sería lamentable que por su manera de retirarse del cargo, un honrado se convierta ante la opinión pública, en el “chivo expiatorio” de las quiebras bancarias.
Dicho eso, y aceptando además la realidad de serias ineficiencias en la supervisión bancaria, cabe formular algunas preguntas: ¿Puede aceptarse la hipótesis de que las administraciones de los bancos quebrados no realizaron ningún acto indebido y que las quiebras fueron en todo caso el efecto de la crisis de los precios del café y de los errores cometidos por el ex superintendente? ¿Es posible que en Nicaragua hayan quebrado más de la mitad de los bancos y que no haya habido serias y numerosas violaciones a la Ley General de Bancos y a las normas prudenciales de la Superintendencia? ¿ No hubo acaso en el caso de los bancos quebrados préstamos indebidos a grupos relacionados? ¿ Por qué de la noche a la mañana una cartera que aparecía clasificada como buena —A o B— resultó luego incobrable, y por qué los estados financieros mostraban una supuesta excelente situación poco antes de las quiebras? ¿ Existió o no una politización indebida de todo el proceso? ¿Existe o no un sistema jurídico que permita una adecuada supervisión bancaria?
No pretendo ni me corresponde contestar las preguntas anteriores. Es obligación de las autoridades clarificar totalmente las causas y las responsabilidades en las quiebras bancarias y presentar un informe final a la nación de cuál va a ser la factura total para los contribuyentes. Me permito sin embargo, señalar mi opinión sobre algunos aspectos relevantes. Primero, es muy difícil aceptar la hipótesis que fueron los errores de supervisión de la SIB o la caída de los precios del café la causa determinante de las numerosas quiebras bancarias. Es indudable que hechos contrarios a la ley como préstamos indebidos a grupos relacionados —casos del grupo Centeno y otros— desempeñaron —al menos en el caso del Interbank— un papel determinante. Fueron ex banqueros y no el ex superintendente los que violaron la Ley. Segundo, hay que separar el proceso de las quiebras bancarias de posteriores ineficiencias en la liquidación de activos. Es falso que las pérdidas por las quiebras hayan resultado del proceso posterior de subasta de activos. Tercero, no existe en Nicaragua un sistema jurídico eficiente para juzgar los denominados delitos de cuello blanco. Los préstamos indebidos a grupos relacionados ni siquiera se encuentran tipificados como presunción de fraude. Cuarto, es difícil aceptar la tesis de que no existió politización indebida en la manera que se hizo frente a las quiebras bancarias. No es simple coincidencia que fueron mayormente personas vinculadas a un banco sin padrinazgo político —caso del Bancafé— quienes enfrentaron los tribunales de justicia. Quinto, la Superintendencia de Bancos y el BCN se encuentran controlados políticamente desde la manera en que se elige a los miembros de sus juntas directivas.
La despolitización de la SIB y del BCN y la creación de un entorno jurídico adecuado son fundamentales para alcanzar una adecuada supervisión bancaria. Igualmente es necesario un informe claro de las autoridades sobre las causas y los responsables de las quiebras bancarias.
El autor es economista.
