Abelardo Morales [email protected]
El Gobierno de Costa Rica está obligado a diseñar mecanismos especiales para lograr la documentación de miles de trabajadores inmigrantes que permanecen en situación irregular en el país. Debe hacerlo no sólo por un sentido de responsabilidad moral y social, sino porque esa acción conviene a los intereses de Costa Rica, no sólo a los de esos trabajadores. No es un favor a ningún extranjero, es un favor al desarrollo de este país que tanto depende de esa fuerza laboral para el mantenimiento de fundamentales actividades económicas.
Es más razonable, más humano y hasta más barato para Costa Rica, tan dado a pretender ocupar primeros lugares en desarrollo humano, ofrecerle a esta población que ya se encuentra en su territorio un proceso verdaderamente organizado y planificado de regularización inmigratoria, que continuar con la errática política que hasta ahora predomina en este campo.
Es una pena que sea el ministro Rogelio Ramos y no Ovidio Pacheco quien diga si deben o no tomarse decisiones en un asunto que es de materia laboral y no policial, pero lo cierto es que hasta el momento las acciones en materia de migración han sido manejadas exclusivamente bajo las doctrinas de seguridad nacional, desdeñando toda responsabilidad frente a una problemática que es también, o más bien, económica y social.
Si es cierto que Costa Rica está definiendo sus políticas migratorias debería entonces comenzar por cambiar la forma en que hasta ahora se han definido y se han llevado a la práctica las que tienen que ver con la inmigración laboral. Porque bajo la visión policial, el país invierte enredadas policiales y reduce a los trabajadores a criminales, a infractores de una ley obsoleta, a punto de ser cambiada por otra ley más oprobiosa, y no logra nada persiguiendo a trabajadores honrados mientras el país permanece a merced de la verdadera criminalidad.
La oferta de empleos, bajo las condiciones que sólo están dispuestos a aceptar los inmigrantes tampoco va a decrecer. Éste es el problema real, al que se debería atender con inspectores laborales y un Ministerio de Trabajo moderno, eficiente y responsable, y no con acciones policiales.
La represión policial si tiene un efecto negativo sobre el mercado de trabajo, infunde pánico entre los trabajadores inmigrantes y de ese miedo se aprovechan quienes los emplean para obligarles a aceptar condiciones salariales y laborales espurias.
Pero por ese camino la inmigración no se va a detener y los indocumentados no van a disminuir. Lo que puede suceder es que como resultado de esas erráticas acciones, comenzarán a bullir los coyotes, polleros y otras figuras que transformarán en un negocio y, ahora sí, en un mecanismo criminal, el tráfico de inmigrantes e indocumentados, en red con las más variadas formas de corrupción oficial, como ha ocurrido ampliamente en otros países, y no es de extrañar que ya suceda aquí.
Costa Rica ha sido históricamente, y continuará siéndolo, un país de inmigrantes. En tal condición tiene dos caminos, el recurso a los medios represivos y al blindaje deshonroso de sus fronteras, o comenzar a poner en práctica el diseño de una política de inmigración verdaderamente innovadora, adecuada a su condición de país en desarrollo y receptor de inmigrantes laborales, y que requiere de ese recurso para su propio desempeño económico y social, presente y futuro. Esta última es la opción más viable, la más digna y la más barata.
El autor es sociólogo costarricense.
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), sede Costa Rica.
