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Las leyes de la propiedad
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), doctor Iván Escobar Fornos, dijo el martes de esta semana en el programa Buenos Días que transmite el Canal 12 de televisión, que es necesario dictar una ley de titulación y saneamiento de la propiedad, para resolver este complejo problema que mantiene al país es un estado permanente de inseguridad jurídica.
Al respecto, la semana anterior publicamos un amplio y profundo reportaje elaborado por los periodistas de LA PRENSA, Jorge Loáisiga y José Adán Silva (Propiedad: la hidra de mil cabezas), en cuya presentación se señaló que: “El conflicto por la propiedad es, después de la guerra, la huella más profunda del paso del sandinismo por el poder. Veinticuatro años después que se aprobaron los decretos confiscatorios, los reclamos de propiedad están más presentes que nunca, pese a que el país ha invertido más de mil millones de dólares en tratar de resolver un problema que cada día se agiganta y se ha convertido en una enorme ancla que impide el desarrollo económico y social del país”. Y se citó al presidente Enrique Bolaños, quien, cuando cumplió los primeros cien días en el poder informó que “el 70 por ciento de las fincas del país tienen algún tipo de irregularidad y el 44 por ciento de las propiedades no tienen ningún documento que las respalde”.
Por supuesto que decir que el país ha invertido mil millones de dólares en tratar de resolver el sangrante problema de la propiedad, es figurativo, pues quienes verdaderamente pagan son las personas de carne y hueso que trabajan, producen, consumen y contribuyen al Fisco. Éstas son las que soportan los mil quinientos millones de dólares de deuda pública para pagar la piñata sandinista, aparte de otros centenares de millones para cubrir lo que se perdió por la corrupción del gobierno anterior y las quiebras bancarias fraudulentas.
Ahora bien, desde 1990 se han dictado cinco leyes sustantivas supuestamente para solucionar el problema de la propiedad: las leyes 85, 86 y 88, de marzo de 1990, para legalizar la piñata sandinista; la Ley 209, del primero de diciembre de 1995, promulgada por la presidenta Violeta B. de Chamorro; y la Ley 278, dictada a fines de 1997 por el gobierno del doctor Arnoldo Alemán.
De manera que si la solución del problema de la propiedad dependiera de aprobar leyes, ya se hubiera resuelto desde hace tiempo y a estas alturas la población no tendría que estar pagando una gigantesca deuda interna por las propiedades que otras personas usurparon o recibieron al amparo de la piñata sandinista. Pero la verdad es que esa deuda va en aumento en vez de disminuir.
Cuando se instaló el gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro se determinó que sería un suicidio tratar de obligar a los beneficiarios de la piñata sandinista a devolver las propiedades ajenas, pues tenían más de cien mil hombres armados hasta los dientes (Ejército, Policía, seguridad del Estado, milicias); y además habían centenares de miles de armas distribuidas entre los partidarios civiles del FSLN, para “defender las conquistas de la revolución”.
Se pensó entonces que lo mejor sería pagar por las propiedades usurpadas y se calculó que se necesitarían más o menos mil millones de dólares. Pero trece años después tenemos una deuda interna de mil quinientos millones de dólares por los bonos de indemnización de las propiedades piñateadas, a pesar de que muchas fueron devueltas, compensadas y pagadas en efectivo, tanto en córdobas como en dólares estadounidenses. Y todavía hay unos 7,500 reclamantes de casi 30 mil propiedades y otros bienes que perdieron durante la “revoluta” sandinista.
Ahora el presidente Enrique Bolaños prepara una nueva ley de la propiedad, según él mismo lo anunció en su discurso de los cien días, supuestamente para unificar las más de cincuenta piezas legales que hay sobre esta materia, y “para facilitar y garantizar el derecho de propiedad”. Pero la verdad es que por muchas leyes sobre la propiedad que se dicten, el problema no se resolverá mientras los políticos que mandan no tengan voluntad de solucionarlo y la justicia y la ley sigan prostituidas por la política caudillista.
