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Sombras en la Plaza del Sol
Los mandos superiores de la Policía Nacional han adoptado una actitud hostil hacia los periodistas y se niegan a proporcionarles informaciones de interés público, molestos, al parecer, por las informaciones que se han difundido sobre los escándalos en que se ha visto envuelta últimamente esa institución.
Como es bien conocido, la Policía Nacional ha sido estremecida en las últimas semanas por las informaciones sobre complicidad de algunos oficiales intermedios con los narcotraficantes en la Costa Atlántica y Matagalpa; por las revelaciones del primer comisionado Edwin Cordero de que la Policía paga o pagaba con drogas informaciones y otros servicios a soplones y narco-delincuentes; por el reconocimiento de algunas autoridades de que agentes de la ley ejecutan operaciones “encubiertas” e ilegales; y por los contactos que el estadounidense acusado por lavado de dinero, Mark Harris, tenía supuestamente con la Policía de Nicaragua.
Pero el ocultamiento de información de interés público que los mandos policiales están obligados a proporcionar, podría ser algo más grave que un simple y pueril resentimiento con los periodistas que han exhibido algunos trapos sucios de la Policía. Y con esa actitud ellos mismos inducen a sospechar que tratan de evitar que se conozcan otras peores situaciones y conductas que podrían estar ocurriendo en el interior de la Policía Nacional.
En realidad, los mandos de la institución que vela por la seguridad de los ciudadanos y protege sus intereses patrimoniales deberían más bien agradecer a los periodistas y a los medios por sus investigaciones e informaciones sobre actividades irregulares de algunos miembros de la fuerza policial, porque esto beneficia a la sociedad pero también y ante todo a la misma Policía, que tiene así la oportunidad de depurarse, dignificarse y prestigiarse.
Además, deberían comprender los mandos policiales que lo malo no es que los periodistas saquen a luz hechos como la complicidad de algunos oficiales con el narcotráfico en la Costa Atlántica y Matagalpa, ni que difundan las denuncias del director de la Policía sobre los narco-pagos por servicios prestados a esta institución. Lo malo –deben entenderlo los jefes policiales– es hacer actividades delictivas al amparo del uniforme y el arma de la autoridad, lo que afecta gravemente a la sociedad y a la misma Policía Nacional.
Además, con la negación de informaciones de interés público los mandos de la Policía están violando la Constitución Política de la República (artículo 131), según la cual los policías –en su carácter de funcionarios públicos–, “responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales”. Violan también el Reglamento (artículo 159) de su misma Ley de la Policía Nacional que los obliga a “difundir la labor de la institución” y mantener vinculaciones permanentes (por medio de su departamento de Relaciones Públicas) con los medios de comunicación social. Reniegan de la Doctrina Policial, que establece el principio de transparencia en el funcionamiento de la Policía y el comportamiento de sus miembros. Y no hacen honor al nombre de su cuartel central (Plaza del Sol), al que en vez de iluminar con la transparencia más bien lo ensombrecen con el ocultamiento de la información.
Ante esta anormal e ilegal situación, el Presidente de la República, de manera directa o por medio de su ministro de Gobernación debería ordenar a los mandos policiales que cambien esa actitud negativa y que cumplan con su obligación de informar a través de los periodistas y de los medios de comunicación social, acerca de todo lo que la gente necesita saber y tiene derecho de conocer en relación con la Policía Nacional.
La lucha contra la corrupción y por la transparencia debe ser integral, y presupone entre muchas otras cosas facilitar la información de manera voluntaria, inclusive en los institutos armados de la nación.
Todos los órganos y entes del Estado están obligados a suministrar información cuando se les requiera, y toda actividad financiada por fondos públicos debe ser conocida por la sociedad. El presidente Enrique Bolaños y el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, no deben temer hacérselo saber a los comisionados policiales, ni ordenarles que enciendan la luz de la información en la Policía Nacional.
