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Privatizar o no privatizar
En el Suplemento Negocios y Economía del miércoles de esta semana, en la sección del Wall Street Journal Americas publicamos un artículo titulado Banco Mundial tiene menos fe en privatizar empresas, cuyos planteamientos son muy ilustrativos para lo que al respecto ocurre en Nicaragua.
“Lo que en los años 90 parecía una idea indiscutible, es decir, que los países en desarrollo debían vender las empresas estatales que generaban pérdidas a inversionistas privados más eficientes, ya no resulta tan obvio, especialmente cuando se refiere a energía y manejo de aguas”, se dice en el artículo mencionado.
El artículo del Wall Street Journal señala algo que en parte refleja claramente la realidad nicaragüense: “Los consumidores asocian cada vez más las privatizaciones con tarifas altas y mayores ganancias para las compañías extranjeras y los funcionarios corruptos. El alza de las tarifas ha generado violentas manifestaciones sobre una concesión de aguas en Bolivia y proyectos eléctricos privados en Perú”.
En Nicaragua la protesta por supuestas deficiencias en el servicio de electricidad, desde que fue privatizado, no han llegado a situaciones de violencia como en América del Sur, seguramente por el cansancio social que hay en el país después de tantas luchas de clases y enfrentamientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, así como porque la gente percibe que las protestas contra las privatizaciones son organizadas y manipuladas por sandinistas —militantes e independientes—, que están desgastados y desacreditados ante gran parte de la población. De modo que aquí ni siquiera ha habido manifestaciones multitudinarias, como en Costa Rica contra la pretendida privatización del rubro eléctrico.
Pero institucionalmente la protesta ha sido fuerte en Nicaragua, sobre todo en el caso de la electricidad, y la empresa privada distribuidora de energía —Unión Fenosa— tuvo que comparecer ante la Asamblea Nacional y comprometerse a corregir algunos errores y a mejorar el cumplimiento de sus deberes con la población, como la expansión del alumbrado público. Lo malo de todo esto es que las presiones contra Unión Fenosa, a cargo de la Asamblea Nacional cuya comisión de infraestructura la preside un estatista radical, amenazan con forzar a la empresa privada española a marcharse del país, lo que obligaría al Estado a pagar una millonaria indemnización y echaría por el suelo la confianza de los inversionistas y los planes de acceso a programas financieros beneficiosos de los organismos internacionales.
Por otro lado, es interesante observar lo que señala el artículo del Wall Street Journal Americas que publicamos el miércoles recién pasado, acerca de que “la privatización no siempre ha fracasado. Las operaciones en el sector de las telecomunicaciones han tenido, en general, mucho más éxito que en energía o agua. Cuando se trata de teléfonos, la combinación de tecnología y privatización consigue dar al público mejores y más baratos servicios”.
La certeza de esa observación se comprueba también con la experiencia de Nicaragua, donde el servicio de telecomunicaciones privatizado ha mejorado notablemente, y si bien es cierto que las tarifas no han bajado, como en otros países, al menos no han subido, salvo lo correspondiente al deslizamiento de la moneda.
En realidad ya no cabe discutir si los servicios públicos deben ser estatales o privados. Lo importante es que sean receptivos a las necesidades de la sociedad, que estén al alcance de la mayor parte o de toda la gente, y que sean eficientes, pues los servicios básicos constituyen un factor clave de la economía productiva y coadyuvan a la integración y la estabilidad social.
La necesidad de privatizar las empresas de servicio público en países como Nicaragua, se debe más que todo a la ineficiencia, la corrupción, a su utilización como fuentes de clientelismo y empleo improductivo, todo financiado por subsidios que ya no es posible seguir manteniendo.
Si no fuera por eso, si hubiese un personal del Estado honesto, capacitado, eficiente y austero, no habría necesidad de privatizar las empresas de servicios básicos. Por ejemplo, en la mayor parte de los países de Europa occidental y nórdica, en Japón, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, hay economías mixtas basadas en sectores públicos amplios y fuertes que funcionan en forma satisfactoria para la sociedad y los ciudadanos.
