- Autoridades
de la Alcaldía de Managua están molestas por
comunicado
que publicó
la DGI
Gabriel Sánchez [email protected]
La Alcaldía de Managua analiza la aplicación del cobro del uno por ciento sobre los ingresos brutos mensuales a la banca, sin embargo en medio de este panorama, la posición de los banqueros es una: “Nosotros no pagaremos nada”.
Según Juan Miguel Eslaquit, director de Asuntos Económicos de la Alcaldía de Managua, hasta el momento están analizando la aplicación de este impuesto, luego que la Ley de Equidad Fiscal derogara la Ley de Justicia Tributaria que establecía la exención de este tributo a los bancos, Bolsa de Valores y a organizaciones no gubernamentales con fines de lucro.
“Sin embargo hay algunos procedimientos legales que no se expresaron explícitamente en la ley. Eso es lo que analizamos. Si tenemos que cobrar cobramos, si no, pues no”, expresó Eslaquit.
Esta situación se presentó después que la Dirección General de Ingresos (DGI) pagó la publicación de un comunicado el 28 de junio, en el que “aclaraba” que las instituciones financieras con fines de lucro, estaban exentas del pago del uno por ciento del impuesto municipal con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Equidad Fiscal.
La “aclaración” surgió porque el 27 de junio LA PRENSA publicó una nota informativa que explicaba la versión del experto tributario Julio Francisco Báez y Miguel Eslaquit, quienes aseguraron que los bancos deben pagar impuestos a las alcaldías con la entrada en vigencia de la Ley de Equidad Fiscal.
BANQUEROS NO PAGARÁN
Por su parte Luciano Astorga, gerente general del Banco de América Central (BAC) dijo que la posición de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) es que el impuesto no se pagará porque la DGI así lo expresó en su comunicado.
Carlos Briceño, gerente general del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) expresó que ellos no pagarán el impuesto porque el comunicado de la DGI fue “claro y muy escueto”. “La Ley fue mal interpretada por la Alcaldía y con ese comunicado se aclaró que no hay necesidad que hay que pagar ese impuesto adicional”.
Carlos Aguerri, asesor legal de la DGI, sostuvo que el comunicado fue publicado por orientaciones de Hacienda. “La aclaración la hicimos nosotros pero en realidad la debió haber hecho el Ministerio de Hacienda, ahí hay un error, pero no es con el ánimo de ofender a nadie, sino con ánimos de clarificar las cosas”.
“Si la alcaldía considera que tiene derecho a cobrar: Que cobre”, expresó.
EL PROBLEMA DE LA LEY
El problema con la Ley de Equidad Fiscal en este caso es que derogó la Ley de Justicia Tributaria y Comercial que había dejado exentos a los bancos del pago de este impuesto desde 1997, pero como no se publicó explícitamente que se debe cobrar nuevamente el impuesto, como lo establecía el Plan de Arbitrios, según el Código Civil en lo referente al Título Preliminar, la última ley no queda vigente.
Por lo tanto, para que el cobro pueda hacerse efectivo, la Ley de Equidad Fiscal debe especificar explícitamente que los bancos y demás instituciones financieras con fines de lucro tienen que pagar ese impuesto. Pero quienes pueden aclarar esta situación son los parlamentarios.
Sin embargo, desde hace varios días LA PRENSA intenta conocer la posición de los diputados Wálmaro Gutiérrez, Edwin Castro, David Castillo, Carlos Noguera, Bayardo Arce o Noel Ramírez, así como la versión del Ministerio de Hacienda, pero en ninguno de los casos se tuvo respuesta alguna.
ALCALDÍA FURIOSA
Según varias fuentes extraoficiales de la Alcaldía de Managua, que prefirieron omitir su nombre porque no están autorizadas a hablar, el comunicado publicado por la Dirección General de Ingresos (DGI) causó molestia entre las autoridades municipales, porque no era de su competencia divulgarlo.
Extraoficialmente se supo que el comunicado fue publicado por orientaciones directas de Eduardo Montealegre, titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque al parecer, éste fue presionado por los banqueros.
En menos de tres meses de estar en vigencia la Ley de Equidad Fiscal, la DGI, por orientaciones directas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ha involucrado en seis conflictos de aplicación de impuestos, lo cual ha sido catalogado por los expertos como fragilidad institucional.
