- Además de los mil millones de dólares en bonos que se han
entregado, el Estado ha debido desembolsar otros cien millones para pagar el aparato burocrático que busca solución al problema de la propiedad en Nicaragua
Jorge Loáisiga Mayorga yJosé Adán Silva [email protected]
El Estado de Nicaragua no sólo ha emitido más de mil millones de dólares en Bonos de Pago de Indemnización (BPI) con rendimiento a 15 años plazo, sino que ha invertido otros 100 millones de dólares en el aparato burocrático que se ha instalado para intentar solucionar el problema de la propiedad y los proyectos que contribuyen al mismo fin.
Actualmente el gobierno y el Banco Mundial se encuentran en la fase de Pre-evaluación de un Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (Prodep), el cual será ejecutado en dos fases, la primera durará cuatro años, que inició en el primer semestre del 2002 y durará hasta diciembre del 2005 a un costo estimado en 38.6 millones de dólares.
Treinta y tres millones de dólares serán aportados por el Banco Mundial como un crédito a la nación, lo que implicará más endeudamiento para el país. El gobierno pondrá como contra partida 5.6 millones de dólares.
Estimaciones extraoficiales, sin embargo, señalan que el ambicioso plan gubernamental podría tener un costo de más de 600 millones de dólares en los próximos 12 años. El coordinador del proyecto, José Ernesto González, dijo a LA PRENSA que oficialmente el proyecto será presentado por el presidente de la República, Enrique Bolaños, en los próximos días, probablemente en agosto próximo, como un proyecto de solución definitivo al problema de la propiedad.
“Se trata de un proyecto que va a dar respuesta al problema de la propiedad de manera definitiva, pero a largo plazo”, dijo el funcionario.
El objetivo del proyecto es mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra y con ello estimular la inversión en agricultura y la productividad, el crecimiento del ingreso, contribuir a la equidad social.
De acuerdo con los planes del actual gobierno el ordenamiento de la propiedad pasaría por la unificación de las legislaciones referidas al tema de la propiedad que suman unas 50 leyes y disposiciones legales, administradas en al menos 20 instituciones gubernamentales.
LOS PUNTOS CRÍTICOS
De acuerdo con la opinión del Intendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada, hasta el año 1979, en el país existía un relativo orden legal en el sistema de propiedad, que fue interrumpido por el Ministerio de Justicia de la época de los 80 al no seguir la secuencia de los trámites legales en las vías judiciales al tratar de quitar, extinguir y otorgar derechos de propiedades a particulares. Los puntos críticos son los siguientes:
La falta de cultura jurídica en los diferentes estratos sociales de la población que demandan la atención de servicios en las diferentes oficinas que conforman la Intendencia de la Propiedad.
La base legal está conformada por numerosas leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y su aplicación es compartida con aproximadamente 20 dependencias gubernamentales, convirtiendo en engorrosos y lentos los procesos administrativos de solución de problemas de la propiedad.
Los recursos financieros asignados no corresponden con los planes de trabajo en desarrollo.
Y finalmente, la falta de una política nacional de tierras que contribuya en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra en las zonas urbanas y rurales.
MIL FAMILIAS RECLAMAN
Un ejemplo del calvario que viven quienes buscan solución en este tema, es el de la Fundación de Combatientes de Guerra. Ellos hicieron un llamado al gobierno para que atienda con la mayor prontitud posible unos 80 casos de propiedad en la región norte del país que están pendientes de resolución desde 1990 porque la falta de títulos les impide tener acceso a financiamiento para programas sociales.
Máximo Castillo, (El Mexicano), vicepresidente de la Fundación, dijo que ellos como organización de la sociedad civil integrada por ex combatientes de la Resistencia, el Ejército y el Ministerio de Gobernación, entre otras, han realizado gestiones en todas las oficinas que tienen que ver con el caso de la propiedad, pero hasta ahora no se les ha resuelto la titulación de unas 30 mil manzanas de tierras que ocupan más de mil familias que se vieron involucradas en el conflicto bélico de la época de los 80 y que por ello no tienen financiamiento para trabajar la tierra ni posibilidades de mejorar su nivel socioeconómico.
Según Castillo, estas tierras están ubicadas en los municipios de Wiwilí, Yalí, Pantasma, El Cuá-Bocay, San Rafael del Norte, Río Blanco, Maniguas, Muy Muy, Waslala, San Ramón, Sébaco y el municipio de Matagalpa.
“Nosotros hemos estado en varias reuniones con la gente de la Intendencia y la Oficina de Titulación Rural (OTR), en busca de soluciones a este problema, pero la titulación de las propiedades avanza a paso de tortuga a pesar de que muchas de las propiedades que nosotros estamos reclamando titulación ya están a nombre del gobierno mediante compra que hizo el gobierno a los anteriores propietarios”, dijo el dirigente campesino.
“En el caso de Jinotega tenemos 32 fincas que fueron compradas en tiempos del doctor Alemán que muchas de ellas sólo están de titular, pero ese proceso no avanza”, expresó Castillo.
“Pedimos al gobierno una respuesta pronta. Ya hemos hablado con la viceministra de hacienda, Vilma Rosa León York, el doctor Alfonso Sánchez Camacho, por el Ministerio de Gobernación, personal de la OTR, pero no avanzamos en la solución al problema de la propiedad. Finalmente hemos recurrido al cardenal Miguel Obando y Bravo, el pasado 3 de julio. El Cardenal se comprometió a interceder por nosotros”, dijo Castillo.
PROMESA ELECTORAL SIGUE SIN LLEGAR
El ejecutivo también enviaría al Legislativo una nueva Ley de Propiedad y una nueva Ley de Catastro y Registro que modernice y fortalezca el derecho de propiedad.
“En los próximos tres años vamos a modernizar 43,300 parcelas rurales y 13,223 urbanas. Mi gobierno será enérgico y hará uso todas las atribuciones legales para que se castiguen las invasiones y alteraciones al derecho de propiedad, que también constituyen un acto de corrupción”, dijo el presidente Bolaños a los cien días de su gobierno el 21 de abril 2002.
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