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Buena oportunidad para la SIB
La situación irregular que creó en la Superintendencia General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB), la renuncia del ex superintendente Noel Sacasa y su autoexilio por razones no claras para el público, podría ser una gran oportunidad para transformar a esta institución de supervisión bancaria.
En realidad, como lo han hecho ver quienes conocen a fondo el problema financiero del país, no basta con que el superintendente que busca el presidente Enrique Bolaños como con la lámpara de Diógenes, sea una persona honesta, piadosa, conocedora de la ciencia y la práctica de las finanzas, así como ajena a los banqueros para evitar conflictos éticos y de intereses, o, dicho en palabras populares, para no poner al gato a cuidar la leche.
De nada sirve eso porque la SIB es un ente bicéfalo, o sea que está dirigido y administrado en forma compartida por el Superintendente y el Vicesuperintendente junto con un Consejo Directivo que preside el Ministro de Hacienda, que actualmente es el banquero-político Eduardo Montealegre.
Ahora bien, en buena medida esta dudosa situación de la SIB es consecuencia de las circunstancias anómalas, inclusive ilegales, en que renació la banca privada en Nicaragua, al terminar la revolución sandinista.
En efecto, la banca privada volvió a funcionar, en 1991, a pesar de la expresa prohibición constitucional: “La Banca Central, el Sistema Financiero Nacional, los Seguros y Reaseguros, y el Comercio Exterior, como instrumentos de la dirección económica, corresponden al área estatal de manera irrenunciable”. (Párrafo segundo del artículo 99 de la Constitución).
No obstante esa prohibición constitucional típicamente estatista, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro autorizó la reactivación de la banca privada a base de un acuerdo político, y luego, en julio de 1991, aprobó junto con la Asamblea Nacional la “Ley de Creación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”. Y así la banca privada quedó “legalizada”… contra lo que establecía la Constitución.
Fue hasta el 4 de julio de 1995 que entraron en vigencia las reformas constitucionales, entre ellas la del artículo 99 de la Constitución que a partir de entonces dice: “El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras privadas y estatales que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de comercio exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán reguladas por la ley”.
Lógicamente, el renacimiento de la banca privada nicaragüense en tales condiciones ilegales desde el punto de vista constitucional (y nulas en consecuencia, pues por principio todo lo que se opone a la Constitución carece de validez legal), marcó el comportamiento de la SIB, que no obstante funcionó relativamente bien durante el gobierno Chamorro pero fue incapaz de impedir y ni siquiera de denunciar posteriormente los fraudes y quiebras bancarias que ocurrieron durante el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán.
Y es que la SIB también fue afectada severamente por el pacto libero-sandinista que pervirtió a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y la Fiscalía. En el caso de la SIB los pactistas modificaron su ley orgánica para que el presidente del Consejo fuese el banquero Esteban Duque Estrada, Ministro de Hacienda de Alemán, quien ahora es prófugo de la justicia nicaragüense bajo graves cargos de corrupción.
En el mejor de los casos la SIB fue convertida en una entidad ineficiente, independientemente de las buenas calidades personales que tuviera el ex superintendente Noel Sacasa, quien se fue del país y renunció al cargo sin cumplir con su obligación de responder por el cumplimiento o incumplimiento de sus funciones, tal como lo establece el artículo 131 de la Constitución.
Pero bien, la precaria situación actual de la SIB podría ser la oportunidad de transformarla apropiadamente, para asegurar que haga una supervisión eficaz del sistema financiero nacional, que como se sabe es un eje estratégico de la economía nacional pero también un jugoso y muy codiciado botín para los banqueros y políticos corruptos que abundan en el país, y que no escarmientan.
El problema es que “nuestros” políticos gobernantes, co-gobernantes y “opositores” son expertos en desperdiciar las buenas oportunidades que de vez en cuando se le presentan a Nicaragua.
