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Ni inventamos ni mentimos
Por fin, después de tres meses de que investigaciones de LA PRENSA sobre el tráfico de drogas en la Costa Atlántica revelaron que algunos jefes locales de la Policía Nacional estaban involucrados en las actividades de los narco-criminales, el Ministerio Público (Fiscalía) los acusó en un juzgado penal de la ciudad nica-caribeña de Bluefields.
Como se recordará, a esos jefes policiales intermedios la Inspectoría General de la Policía Nacional les encontró y determinó responsabilidades administrativas graves, y causa suficiente para que fueran acusados penalmente por la Fiscalía, y por eso mismo fueron dados de baja deshonrosa.
Ahora que la Fiscalía por fin acusó penalmente a los policías supuestamente cómplices del tráfico de drogas en la Costa Atlántica, es necesario recordar cómo se nos acusó de mentirosos por las informaciones que presentamos sobre el caso, y se dijo que queríamos hacer daño a la Policía Nacional en connivencia con algún alto comisionado que estaría resentido porque fue enviado a retiro cuando pretendía ser el líder de la institución.
Inclusive se montó un operativo de desinformación en medios de comunicación social de baja categoría y especializados en difundir rumores y falsedades, para tratar de minimizar y descalificar las denuncias que hicimos acerca de las amenazas de muerte que recibieron los periodistas de LA PRENSA a cargo de la investigación en la Costa Atlántica: Freddy Potoy, jefe de información; Sergio León, corresponsal en Bluefields; y Walter Treminio, corresponsal en Puerto Cabezas. Y hasta personas que debían haber cerrado filas en la defensa ya no del Diario LA PRENSA pero sí de la libertad de información y de los periodistas que estaban siendo amenazados por ejercer el derecho a la investigación periodística y a informar libremente, consideraron que nuestras denuncias no tenían base y que, en consecuencia, estábamos exagerando o diciendo mentiras.
Pero, tal como se ha demostrado una vez más con este caso del tráfico de drogas en la Costa Atlántica, LA PRENSA no inventa ni miente; todo lo que informamos en los reportajes de investigación de Potoy, León y Treminio, y lo que denunciamos en esta columna editorial, resultó ser absolutamente veraz y fue verificado.
Y así es en todo lo que informamos con frecuencia cotidiana. Podemos cometer errores —los que siempre estamos alertas para reconocerlos y rectificarlos—, pero jamás mentimos ni inventamos historias de ninguna clase. Precisamente por eso es que en todas las encuestas sobre preferencia de medios LA PRENSA obtiene el reconocimiento ciudadano de ser el periódico de más credibilidad en Nicaragua.
No podemos saber si fue para proteger a los oficiales de la Policía Nacional denunciados como presuntos cómplices de los narcotraficantes, o por una malentendida defensa del prestigio de la institución, que filtraron desinformación para tratar de deslegitimar la investigación de LA PRENSA. Como fuera, nos satisface sin embargo que las pesquisas de la Inspectoría General de la Policía y del Ministerio Público demostraran que todo lo que investigamos e informamos era cierto.
LA PRENSA es un espejo de la sociedad y tribuna de libre expresión, y lo que queremos es que se prestigie y fortalezcan la Policía Nacional y todo el sistema de seguridad pública, pero no ocultando los abusos sino descubriéndolos, denunciándolos y castigándolos de acuerdo con la ley.
Ahora le corresponde a la autoridad judicial comprobar los delitos cometidos por los acusados e imponer las sanciones penales que ameriten, aunque no descartamos que acepten las burdas justificaciones sostenidas hasta por las más altas autoridades del país, de que los policías involucrados con los narcotraficantes son “heroicos” agentes que ejecutan operaciones encubiertas, y que no trafican con droga sino que la dan como pago a los soplones e infiltrados dentro de la narco delincuencia.
En todo caso, nosotros seguiremos cumpliendo nuestro deber de investigar, informar y opinar con responsabilidad y, por lo tanto, ceñidos a la verdad. Y quisiéramos que los funcionarios estatales, incluidos los jefes policiales, no volvieran a arremeter contra LA PRENSA y nuestros periodistas porque denunciamos los abusos y actos delictivos de algunos de ellos.
Ciertamente, así como nuestro deber es investigar e informar verazmente, el de los funcionarios públicos es atender las denuncias, corregir los males y sancionar a los culpables.
