Roberto Morales Muñoz
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La grave oposición a la jurisdicción de la CPI
Roberto Morales Muñoz
La nueva Corte Penal Internacional es uno de los temas más controversiales en el debate actual del derecho internacional gracias a los esfuerzos que Estados Unidos viene desarrollando por mantenerse ajeno a la competencia del Organismo Internacional.
Los países signatarios del Estatuto de Roma, por el cual se creó el Tribunal Penal Internacional (TPI), comparten la meta de asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean investigados y procesados. En ese sentido, todos aquellos países que no signen este Tratado no se están sometiendo a su competencia ni Jurisdicción y simplemente están en clara oposición del Estatuto.
El Tribunal Penal Internacional constituye un instrumento necesario para combatir la impunidad de las personas responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. Ante este innegable hecho, si bien es cierto, Estados Unidos en su momento fue partidario de enjuiciar a los criminales de guerra luego de la Segunda Guerra Mundial, no menos cierto resulta que ahora no es partidario de esta institución. Este país no desea y trata de impedir a toda costa que se juzgue a sus criminales de guerra y pretenden darles impunidad ante el Tribunal, precisamente porque tiene mucho que enfrentar ante esa jurisdicción.
Es una falacia decir que EE.UU. está interesado en el procesamiento de criminales de guerra solamente porque pretendía la creación de tribunales penales internacionales bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero los entendidos en la materia sabemos, pues no es secreto para nadie el grado de influencia y dominio que ejercen en dicho sistema, sobre todo cuando se pone sobre la mesa el pago de sus cuotas anuales, ante este organismo internacional.
Al amparo de la simple pregunta, se encuentran una serie de respuestas que no requiere de grandes análisis ni investigaciones científicas, ¿por qué Estados Unidos se opone a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y busca exención a la jurisdicción?
Los Estados Unidos están imponiendo a los países menos desarrollados acuerdos bilaterales para exonerar de la jurisdicción de la Corte a sus criminales de guerra. Si bien estos acuerdos están previstos al amparo del artículo Nº 98 del Estatuto de Roma, todos estos acuerdos están siendo impuestos impunemente, evidenciando la pérdida total de la vergüenza, sin reparo alguno. Inclusive, el escándalo ha sido tal que tuvo una fuerte cobertura internacional por parte de la prensa por el congelamiento de la asistencia militar a 35 países por no suscribir acuerdos que eximan a sus ciudadanos o militares de la jurisdicción del TPI.
Estos acuerdos bilaterales tienen el firme propósito de socavar el funcionamiento de la Corte, ya que los principales criminales de guerra de la época moderna son norteamericanos de la Casa Blanca y estos mismos criminales estarían amparados por la política expansionista y dominante de los EE.UU., otorgándoles plena inmunidad e impunidad ante sus actos criminales. En nuestros países, en América Latina, hay corruptos, narcotraficantes, ladrones, estafadores pero no criminales de guerras expansionista para imponer su poderío.
Algunos países han manifestado públicamente su descontento por las acciones contrarias que ha tomado Estados Unidos y por la presión que ejerce sobre este tema. Inclusive, jefes de estado han calificado de “condiciones mezquinas”, al referirse a la suspensión de asistencia militar por el caso de la Corte Penal Internacional.
Washington, no es ajeno al escandaloso método usado para justificar las últimas invasiones a Irak y anteriormente a Afganistán, así como los centenares de muertes que causaron sin ninguna necesidad, manipulando conscientemente los hechos. Ésta sería una buena oportunidad para que el mundo se plantee a conciencia un análisis profundo sobre las reiteradas violaciones al derecho internacional, al derecho humanitario, y sobre todo al ordenamiento mundial donde Estados Unidos intenta ejercer un liderazgo sin importarle los intereses de los demás países.
EE.UU. es el país con mayor número de invasiones expansionistas de la era moderna (Vietnam, Cuba, República Dominicana, Grenada, Panamá, etc.) y violaciones al derecho internacional en el mundo entero. Este paladín de la libertad y la justicia ha dejado en claro mediante las últimas incursiones ilegales en Afganistán e Irak su extremismo y el alto grado de criminalidad, matando a gente inocente y tratando de encubrir sus crímenes con errores de cálculo y precisión cuando todos sabemos el tipo de armas que tienen, cómo las utilizan y contra quién realmente las utilizan, ¿a quién tratan de engañar?, y siempre al margen del derecho internacional y del derecho humanitario internacional. Solamente en la guerra contra Irak, al 18 de abril, el hospital general de Nasiriya había registrado 713 muertes.
Es hora de empezar a trabajar contra los abusos de Estados Unidos, es hora de hacerles un llamado a la conciencia y enseñarles que las guerras no promueven la paz, las guerras engendran y promueven el odio y el rencor que, a su vez, generan más guerras. Es hora que entiendan que no deben negociar con armas y guerras para generar crecimiento en su país.
Ni los EE.UU. ni el país de Nicaragua forman parte del Estatuto de Roma que estableció la Corte. No obstante, la Corte reclama jurisdicción sobre los ciudadanos de amabs naciones. Lo que esto significa es que la Corte podría obviar un veredicto emitido por una corte nacional en cualquiera de nuestros países y, con el consentimiento de sólo dos de los tres fiscales de la Corte, entablar procesos contra civiles quienes pueden haber sido juzgados previamente y exonerados en nuestras propias cortes. El principio legal de “cosa juzgada”, que es igual de importante para Nicaragua como lo es para Estados Unidos, no se reconoce en el Estatuto de Roma.
El autor es jurista en Derecho Internacional.
