César N. Grijalva H.
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El criminal no es héroe
César N. Grijalva H.
El magnicidio, genocidio o asesinato de cualquier índole son injustificables y execrables. La humanidad no repudia el crimen por el número de personas asesinadas, ni lo justifica por lo que la persona o personas asesinadas hayan hecho. Repudia y rechaza al sujeto criminal por la negación de éste al valor supremo de la vida. La connotación de la barbarie, el concepto del ojo por ojo, la revancha, “el ajusticiamiento” o la toma de la justicia por la propia mano, son conceptos excluidos de la escala de valores sociales, legales y políticos de la humanidad civilizada en el siglo XX.
El asesinato de un adversario político ha sido tópico de acaloradas discusiones en el mundo civilizado. En derecho comparado, un crimen como el de Enrique Gorriarán Merlo casi todos los países del Occidente le dan el tratamiento de asesinato común. Él fue sentenciado por ser despiadado, radical y sangriento autor de multiplicidad de crímenes en diferentes jurisdicciones. En ninguna legislación civilizada una personalidad criminal de esta naturaleza podría gozar de alguna justificación que lo exima de responsabilidad criminal.
La amnistía o el indulto no eliminan la peligrosidad del individuo, ni es un recurso legal para la impunidad. Suprimen la pena y la dan por cumplida, pero la amnistía es solamente un beneficio de clemencia y oportunidad para con los sujetos criminales. La amnistía y el indulto tienen su origen en una decisión política y legal. Desafortunadamente la política en Latinoamérica tiene insuficiente desarrollo político y jurídico. Los políticos latinoamericanos, salvo excepciones, tienen profundas fricciones con la moral, la legalidad y la probidad, y con el sano y recto juicio. Es vox populi cuantos políticos en América Latina se han visto involucrados en crímenes execrables; y los pueblos prácticamente son obligados a aceptar criminales en el poder. Y son estos políticos los que conceden el beneficio de la amnistía o el indulto.
Toda sociedad debe defenderse de individuos que son potencialmente peligrosos o se tiene duda de su nivel de peligrosidad. El Gobierno tiene la obligación de prevenir y salvaguardar a potenciales víctimas del criminal. No puede el Estado garantizar que quien ha sido procesado y sentenciado, y luego amnistiado o indultado, se ha rehabilitado y no reincidirá.
Es negativo que quien estando en funciones públicas, como el embajador argentino en Nicaragua, afirme que un sujeto no representa peligrosidad alguna porque fue beneficiado con el acto “humanitario” del indulto. Esta afirmación podría ser un signo de ignorancia, irresponsabilidad y cinismo.
Aceptar a una persona de esta naturaleza en el país sería darle una mala lección al pueblo. Promocionar un buen componente educativo es fundamental para el Gobierno. Es su deber difundir que el crimen no se justifica en ninguna forma, ni se debe amparar por bandera alguna, ni política ni nacional. El gobierno y los habitantes de una nación civilizada deben compartir que el crimen, cualquiera que sea su forma u origen, es oprobioso y debe ser rechazado.
Ninguna sociedad civilizada promueve ni justifica el asesinato. Las sociedades cada día son más exigentes en el respeto por la vida; y en este siglo veintiuno los pueblos civilizados están más claros que nunca de que se debe respetar la vida.
Nicaragua debe llenarse de pensadores, científicos, profesionales y trabajadores calificados que ayuden al progreso y al desarrollo. La invitación del FSLN a Enrique Gorriarán Merlo es una falacia propagandística y un culto al falso heroismo, a la fama adquirida por la multiplicidad de crímenes. Enrique Gorriarán Merlo fue condenado en pleno siglo veinte. En el siglo veintiuno este tipo de personalidades no tienen cabida política y son sujetos de riguroso control social.
Si mañana a cualquier nicaragüense se le ocurre invitar a una convención de terroristas, nazi-facistas o neonazis para elogiarlos en el país, se estaría retrocediendo. Es bastante con las privaciones que el pueblo padece por culpa de quienes promovieron alegorías insensatas en el pasado, y actuaron con insidia, perversidad y malicia. El culto al crimen y a la violencia no son fórmulas del siglo veintiuno.
Ni Eduardo Duhalde ni Enrique Gorriarán Merlo tienen algo positivo que darle a Nicaragua, ellos son representantes de un oscuro pasado que el país no necesita. La sociedad del futuro está en marcha. El crimen múltiple impulsado por el poder, el mesianismo y el falso heroísmo, no forman parte de la agenda de valores del siglo veintiuno. Nicaragua a tono con las grandes proyecciones de progreso humano global quiere crecer moral y materialmente; y el gobierno, los medio de comunicación, los partidos políticos, la justicia, las asociaciones deben trabajar para el bienestar y el progreso.
El autor es abogado nicaragüense, reside en Winnipeg, Canadá.
