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Lo malo no es el tiempo
En los últimos días, representantes de los principales grupos políticos de Nicaragua: Unidad Liberal (bolañista), Partido Liberal Constitucionalista (arnoldista) y Frente Sandinista, han arreciado sus comentarios públicos sobre las reformas institucionales que necesita el país, inclusive de una constituyente para aprobar una nueva constitución.
Pero al mismo tiempo cada grupo descalifica el planteamiento del otro, demostrando una vez más que no son responsables y que, en realidad, no es la estabilidad y credibilidad de las instituciones lo que les importa, sino la conservación o recuperación del poder, por supuesto que para su provecho particular y no para el beneficio nacional.
Sin duda que hacen falta algunas reformas políticas e institucionales, como por ejemplo la consagración constitucional de la no reelección absoluta (o sea, una vez y nunca más), la reducción del número de diputados a la Asamblea Nacional y la supresión de los suplentes; la disminución de la cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la conversión del Consejo Supremo Electoral en un instituto autónomo con participación ciudadana, el retorno a la Contraloría General de la República unipersonal, la modificación del sistema de elección de los diputados para que no haya más votación a ciegas de las planchas partidistas, y sustituirlas con una combinación de uninomalidad y representación proporcional; y la constitucionalización del principio de que la representación parlamentaria es de los ciudadanos, no de los partidos.
Para aprobar esas enmiendas no es necesaria una constituyente. Bastaría con un conjunto de reformas parciales constitucionales de acuerdo con el procedimiento establecido en la actual Constitución. Aunque tampoco hay que temerle a una constituyente, la que no es fatal que sirva a los intereses continuistas de los caciques liberal y sandinista, sino que podría servir para modernizar y por fin limpiar éticamente las instituciones, siempre y cuando en la convocatoria a la constituyente se respeten los períodos de las autoridades constituidas actualmente —a fin de no generar más inestabilidad institucional—, y se adopte un mecanismo especial de elección de los constituyentes que garantice que resulten electos las personas que el pueblo quiera y necesita, no las mismas que hay ahora en la Asamblea Nacional y que representan el problema, no la solución.
Pero la verdad es que con las instituciones que hay ahora, el país y el Estado perfectamente pueden funcionar con normalidad y eficiencia. Al fin y al cabo, la falla de las instituciones no se debe al número de miembros que las componen, sino a su mala calidad humana y profesional, y a que los entes del Estado fueron pervertidos por la politización partidista del pacto libero-sandinista de 1999.
De manera que con sólo que hubiese una renovación del liderazgo de las instituciones del Estado, pero no para que unos pillos sustituyan a otros sino para que lleguen personas honestas, capaces y de buena voluntad, se resolvería casi el cien por ciento de los problemas institucionales del país. No obstante esto es sólo una ilusión mientras los partidos PLC y FSLN sigan controlando el Poder Legislativo, o mientras los líderes de esos partidos no cambien positivamente por su propia voluntad y/o como consecuencia de la presión pública.
Y como es prácticamente imposible que eso suceda, lo que queda es esperar que en las siguientes elecciones los ciudadanos sepan escoger una mejor opción política para gobernar el país. Pero no se trata de esperar pasivamente que los partidos políticos presenten mejores candidatos, o que la gente tenga un mejor sentido de escogencia, sino que debe haber de previo una campaña intensa de concienciación cívica de la ciudadanía, en la que pueden y deben involucrarse no sólo los pequeños partidos de tercera vía sino también las asociaciones civiles que promueven la cultura democrática y participativa en Nicaragua.
Según un conocido aforismo que se le atribuye al político británico sir John Beaumont, lo malo no son los tiempos, sino los hombres. Es cierto. Y en nuestro caso lo malo no son las instituciones, independientemente de que como obras humanas son defectuosas y por eso mismo perfectibles, sino que en lo fundamental lo malo radica en los individuos que ocupan, usufructúan y pervierten las instituciones, que con otras —mejores— personas funcionarían de manera apropiada, como la sociedad lo quiere y necesita.
