Clemente Guido Martínez*
No importa el nombre del director general de turno. Lo que
realmente importa es la misión del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC). ¿Por qué y para qué un Instituto Nicaragüense de Cultura? ¿Existe porque existe, en un estéril existencialismo institucional, o porque es producto de una causa social a la que debe dar respuesta el Estado de Nicaragua?
El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) fue creado como resultado de un conflicto entre Rosario Murillo y Ernesto Cardenal; entre la definición, no de políticas culturales del Estado de Nicaragua sino de balances de poder entre dos corrientes del pensamiento sandinista, donde la esposa del presidente Daniel Ortega obtuvo el éxito frente al padre Cardenal, destruyéndose un extraordinario Ministerio de Cultura que en su tiempo y con sus defectos fue causa de admiración internacional.
Se sabe lo que fue antes del 90 pero se desconoce lo que pudo haber sido este instituto, de haber continuado en el poder los sandinistas, pero su salida del Gobierno en 1990 cambió radicalmente el panorama político de Nicaragua y cambió también la “visión” y la “misión” del instituto, que dejó de estar en función de las políticas de la revolución sandinista y pasó a la del interés de la nación, al menos teóricamente.
Sin embargo, al instituto se le cargó con una responsabilidad múltiple y un escuálido presupuesto, que no ha mejorado significativamente en la última década. A pesar de lo cual se le asignó al Museo Nacional, a la Biblioteca Nacional Rubén Darío, al Archivo General de la Nación, a la Hemeroteca Nacional, al Palacio Nacional de la Cultura, al Centro Cultural Managua, al Centro de Enseñanza Artística Pablo Antonio Cuadra, a la Cinemateca Nacional, a la Comisión Nacional Adriana; y a varios centros turísticos culturales como la Fortaleza del Río San Juan, la Hacienda San Jacinto, las Ruinas de León Viejo, la Casa Natal de Rubén Darío, las Huellas de Acahualinca, además de las instancias administrativas propias de la institución.
El presupuesto del INC apenas le permite existir en condiciones humillantes para la cultura de Nicaragua, y no es posible plantearse una misión en serio, cuando la realidad impone como única admisible la de sobrevivir, y ya esto debe considerarse como un gran logro.
Pueden cambiar las formas en que los más autorizados dirigentes del instituto, deciden cumplir con esta misión de sobrevivencia. Tal vez unas formas hayan sido más creativas que otras, o más osadas, pero al final de cuentas el hecho es el mismo, no hay misión donde hay omisión, y por ésta lo que hay es sobrevivencia.
La omisión es común a todos los gobiernos sucedidos desde el 79. El Poder Ejecutivo convoca a los sectores de la cultura solamente para efectos de publicidad y la Asamblea Nacional deja relegados los proyectos de ley que favorecen a los sectores de la cultura, siendo una odisea lograr que se aprueben. Los dos poderes que más podrían y deberían empujar una política cultural del Estado, permanente y no circunstancial, están ajenos a este tema, aunque entre ellos hay muchos hombres y mujeres considerados cultos.
Doña Gladys Ramírez, hizo lo que pudo y se conformó con los despojos que le dejó doña Rosario Murillo y con la limosna que los tecnócratas le aprobaron en sus extensos siete años de gestión. Yo también algo hice y protesté cada año de los cuatro que estuve, por los atropellos contra la institución y puse mi renuncia el 9 de julio de 2001, cuando me quisieron imponer un recorte presupuestario demoledor para el INC; Fernando Alemán ni se enteró, dedicado a “cazar” al rebelde “clementito”; y ahora Napoleón Chow administra una crisis financiera acumulada, ampliada aritméticamente por su propia administración y aparentemente insalvable.
Si no se le dan al INC los recursos financieros necesarios, suficientes, dignos, deberá cerrar, al menos tal y como lo hemos conocido en los últimos 10 años, y en el mejor de los casos deberá reformarse para convertirse en una institución más dinámica, posible y financieramente solvente; lo que implicaría una definición de su misión y una visión del Estado referente a esta temática, que hasta la fecha ha sido más la buena voluntad de los que la hemos dirigido que de la nación representada en los poderes de Estado antes señalados.
Vale la pena pensar si tantas instituciones adscritas al INC son todas válidas en esa adscripción, o si más bien deberían ser ubicadas en otras áreas del Estado para una mejor y más eficiente atención; o bien si algunas podrían ser liberadas de sus ataduras con el INC para que puedan desarrollarse con más intensidad e independencia, creando alternativas orgánicas nuevas, dinámicas, posibles y solventes financieramente.
Reconozco que no es lo mismo escribir desde mi cómodo asiento de intelectual que sentado en el sillón de la Dirección General del INC, pero también estoy convencido que se requiere de mucho más que de un director general, cualquiera sea su apellido y sus títulos, para resolver el problema institucional del INC. Se requiere de todos, los que fuimos, los que son, y los que serán, pues ese asunto del INC no es privado ni personal de quienes ahora son, sino que es un tema de interés nacional y como tal debe ser abordado.
* El autor es ex Director General del INC
