Brooklyn Rivera B.
La sonada reglamentación del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica (Ley No. 28) fue aprobada por una amplia mayoría de los diputados ya que había un amarre entre las bancadas de los dos partidos principales que dominan la Asamblea Nacional.
La reglamentación es una exigencia surgida en el año 1990, con el mismo inicio de la implementación del Estatuto de Autonomía mediante la instalación de los consejos regionales de la RAAN y la RAAS. Sus promotores alegaron que la iniciativa de la reglamentación contaba con el consenso de amplios sectores costeños y que se trataba de una panacea a los problemas de la Costa.
No obstante, en honor a la verdad esta reglamentación era demandada sólo por una parte de la clase política y algunos ONG en la Costa. Aunque sus promotores sustentaron su iniciativa en la aprobación alcanzada de parte de ambos consejos regionales en el año 2000, su aprobación se dio en el contexto del pacto entre las dos principales fuerzas políticas nacionales. En todo caso no se puede hablar de consenso cuando amplios sectores de las comunidades indígenas y étnicas, sus supuestos beneficiarios, se encuentran al margen de su conocimiento y de su participación.
Ahora bien, mi planteamiento de cara a la Autonomía se enmarca propiamente en el Estatuto y no en su reglamentación, ya que aquél es la causa principal de la falta de sustentación y avance de una verdadera autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Moskitia. A como le insistí a los diputados, al aprobar la reglamentación del Estatuto ellos cerraron la oportunidad de abrir un proceso amplio de reforma a la luz de las realidades y necesidades actuales de la Costa y del país, por lo que serán responsables de la lenta muerte de la Autonomía.
Como es evidente, la reglamentación se limita a recoger una repetición exacta del contenido del Estatuto. Pero éste fue concebido e impuesto dentro de una situación anormal y bajo esquemas ya superados, de manera que resulta obsoleto y rezagado de las actuales realidades y avances regionales y nacionales. Los impulsores de la reglamentación se movieron dentro de la estrategia de cerrar toda posibilidad de reforma, a fin de perpetuar el Estatuto que encaja en sus esquemas ideológicos y favorece a sus intereses económicos.
La experiencia en la implementación del Estatuto de Autonomía en los últimos 13 años ha demostrado el avance del fenómeno de homogenización, concretizado en la usurpación de los espacios de vida, la colonización interna, el avance de la frontera agropecuaria, el saqueo indiscriminado de los recursos y la pauperización y destrucción de las comunidades indígenas y étnicas. De modo que mediante esta reglamentación cuyas supuestas bondades ni sus promotores pudieron defender, se impone una prolongación indefinida del Estatuto para someter a la Costa como rehén mientras continúa el proceso de socavar la Autonomía. Y esto se traduce en la muerte de las culturas indígenas y étnicas, que paradójicamente son la base que nutre y sustenta la misma Autonomía.
Dentro de los esfuerzos de los proponentes de la verdadera Autonomía se alcanzó firmar acuerdos con el presidente Enrique Bolaños y el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, orientados a impulsar el proceso de reforma del Estatuto. Sin embargo, aparentemente ambos personajes, ignorando este compromiso asumido con los representantes de los pueblos y comunidades costeñas en noviembre de 2001, no los acompañan en su esfuerzo por la verdadera autonomía, y en cambio resultaron partícipes de la reglamentación a través de los votos de sus bancadas en el Parlamento.
En la Costa hay conciencia de la creciente simpatía entre amplios sectores nacionales y organismos internacionales con la justa causa de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, expresadas en el proceso de su autonomía. Por lo que es inaceptable la confusión y el engaño a la opinión pública mediante un espejismo de intereses de grupos que lejos de favorecer los derechos y aspiraciones de los pueblos y comunidades costeñas se exponen y socavan todo el proceso de una verdadera autonomía en la Costa.
Ante esta situación creo que los pueblos y comunidades costeñas deben redoblar sus acciones y concentrar sus esfuerzos en la implementación de la ley sobre propiedad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa, que entró en vigencia a inicios del presente año. En efecto, a diferencia del Estatuto de Autonomía la Ley No. 445 plantea derechos específicos de avanzada que potencian las formas de autogestión y de autogobierno de sus beneficiarios. Así sea.
El autor es dirigente miskito
