- 650 mil se pierden en corrupción maderera
Arturo Mcfields Yescas [email protected]
El Instituto Nacional Forestal (Inafor) perdió 650 mil córdobas por irregularidades administrativas, esto según la institución, por actividades vinculadas al tráfico ilegal de maderas preciosas en el departamento de Rivas.
“Esa madera que se decomisa se tiene que subastar y se determinó (en la auditoría interna) que la subasta era amañada, es decir, que no era pública, sino que se le vendía la madera a través de una figura de subasta a una persona determinada y no se usaban los precios de referencia que la institución establece para la subasta de madera”, dijo Ramiro Saborío, director por la Ley de esta institución.
Asimismo, señaló que producto de los resultados encontrados en el informe de auditoría interna, Inafor determinó despedir a dos delegados municipales y al delegado departamental de la zona Frank Briceño.
“Hacían lo que se les antojaba con ese dinero”, dijo Saborío, quien indicó que también habían beneficiarios de permisos de traslado de madera, cobrándoles tasas de aprovechamiento bajo sus propios criterios y sin reportarlas a la institución.
ASESOR: ACTUÉ APEGADO A DERECHO
En otro orden Jorge Espinosa, asesor legal de Inafor central, fue suspendido ayer a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), porque según esta entidad existen “deficiencias e inconsistencias legales en los procesos administrativos tramitados en Inafor”.
Sin embargo, el funcionario dijo que el marco jurídico en materia forestal y recursos naturales “es difuso” y que existe una diferencia de criterios legales con la Procuraduría que han generado este conflicto en torno a los procedimientos seguidos por el Inafor.
“Creo que la Procuraduría y los particulares tienen el derecho de recurrir a las instancias jurisdiccionales correspondientes para que se subsanen los errores posibles que puedan existir en cualquier resolución”, expresó Espinosa.
“No hay dolo en esto” dijo el asesor legal del Inafor quien explicó que lo que ha se ha dado es inconformidad con las resoluciones administrativas de la institución, mismas que a su juicio deben de solventarse por la vía legal.
