Freddy Potoy [email protected]
La corrupción policial sencillamente es impresionante. El Presidente de la República, Enrique Bolaños, debe tomar medidas drásticas o seguiremos en manos de un cuerpo policial plagado de muchos agentes que se amparan en el uniforme para delinquir.
Aquí no sólo el director general de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero Ardila, debe ser destituido de su cargo, sino también otros mandos policiales porque han permitido que la institución del orden público se convierta en una inagotable fuente de riqueza personal.
En este caso no es permisible que los jefes policiales cierren fila en torno a una corrupción colosal. Hay quienes consideran que si el Presidente de la República destituye a Cordero y otros mandos policiales por comisión u omisión de actos reñidos con la ley en el desempeño de sus funciones, se generaría una crisis institucional.
Los mandos policiales no tienen ninguna razón legal, ética ni moral para oponerse a que el jefe de Estado de Nicaragua destituya a quienes son incapaces de dirigir correctamente a la Policía Nacional.
Si lo hacen, estarían sentando un precedente ante el mundo que se insubordinan ante el Presidente de Nicaragua en aras de mantener intacta su corrupción. En este país se debe terminar con el tabú que por tratarse de policías o militares no se les puede quitar de sus cargos. El jefe de la Policía Nacional es un funcionario público y no debe tener ninguna prerrogativa más que la establecida por la ley, y si no desempeña bien su cargo, pues debe ser retirado.
Impedirle al Presidente de la República recomponer la Policía sería un grave error de parte de quienes creen que esto no se debe hacer por temor a una crisis institucional. Los que podrían estar interesados en generar una crisis institucional en este país son el propio Daniel Ortega, Arnoldo Alemán y en un hipotético caso, el Ejército de Nicaragua.
A ninguno de estos tres actores les conviene ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional, generar una crisis institucional por apoyar actos delincuenciales en la Policía Nacional.
En el caso del Ejército que ha venido dando pasos agigantados en el proceso de su profesionalización, no le sería nada provechoso que se meta a “cerrar fila” en un tremendo lío como el de la Policía, porque entonces, llamaría poderosamente la atención una actitud de este tipo.
Si el Presidente de la República, ley en mano, pide cuentas de muchas cosas a la Policía, pocos mandos quedarán en la institución. En este país la transparencia en la administración pública, el respeto a la ley y la Constitución, deben ser lo primero que cada ciudadano debe tener en mente.
Por eso es necesario limpiar a la Policía y dejar a quienes se lo merecen. Los mandos policiales deberían hacer públicas sus declaraciones de probidad antes de asumir un cargo y después que lo dejan. No es posible que se siga ocultando con qué entran y con qué salen los funcionarios policiales, si a ellos se les paga con los impuestos de los contribuyentes.
El Presidente de Nicaragua, por el bien del país, debe tomar medidas correctivas cuanto antes. Hay suficientes causales y fundamentos legales para hacerlo.
