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El caso de Agroinsa contra Iniser
Se dice muy fácil que el Instituto Nicaragüense de Seguros (Iniser) perdió la demanda judicial de Agroindustrial Azucarera (Agroinsa) por cobertura de siete millones de dólares en daños a maquinarias, más otros siete millones de dólares por intereses moratorios.
Los representantes del Iniser, quienes al parecer creen en milagros judiciales, aseguran que el juicio todavía no está perdido, pero la verdad es que la sentencia que dictó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio recién pasado, es a todas luces irreversible. Y lo peor es que dicha sentencia no dilucidó el fondo del asunto, sino que los magistrados de la Sala Civil, en una relación de cuatro contra dos, determinaron que los abogados del Iniser no cumplieron algunas formalidades y por eso el Iniser debía perder el caso y pagarle a Agroinsa los 14 millones de dólares que demanda.
Pero no es el Iniser el que va a pagar esa suma que se ve inmensa en el panorama de pobreza que reina en Nicaragua. Quienes en realidad pagarán por el juicio perdido del Iniser son, primero, los asegurados actuales y futuros pues los costos de los seguros se van a disparar hacia arriba, más de lo que ya se elevaron como consecuencia de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Además los pagará Nicaragua porque la reputación del país en el mundo ineludible de los seguros, se degradará más por la irresponsabilidad jurídica y la perversión de la justicia que hay en este país.
Y los pagará el pueblo con los impuestos que cobra el Estado para financiar todos sus gastos, no sólo los socialmente útiles sino también los robos de los políticos y funcionarios corruptos y las pérdidas por negligencia: la piñata sandinista, las malversaciones en el gobierno anterior, las quiebras fraudulentas de los bancos, los juicios perdidos por incapacidad o irresponsabilidad de los abogados del Estado, etc.
Volviendo al caso de la sentencia contra el Iniser, no es cualquier persona sino la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, quien declaró que “todo lo hicieron mal, y si a alguien hay que responsabilizar de haber perdido el caso, es a los abogados del Iniser” (LA PRENSA, martes 1 de julio de 2003).
Por otro lado, se sabe que los abogados del Iniser de alguna manera habrían sido previamente advertidos de que había jurisprudencia por casos como el del Iniser que fueron fallados en contra por los mismos o parecidos defectos formales.
Sin embargo, el Apoderado General Judicial del Iniser, abogado Ramiro Jerez Montiel, refutó las declaraciones de la presidenta de la Corte y aseguró que todo se hizo correctamente y que la sentencia contra su representado no está ajustada a derecho. Además, en corrillos judiciales y gubernamentales se asegura que la sentencia a favor de Agroinsa es política, e inclusive que de esos 14 millones de dólares saldría parte del financiamiento de las próximas campañas electorales del FSLN.
Por otra parte, llama poderosamente la atención que el magistrado Guillermo Vargas Sandino –quien es considerado como el más solvente ética y profesionalmente de todos los miembros de la Corte— votó contra la sentencia y razonó que “el Recurso de Casación presentado por el Doctor Jerez Montiel fue indebidamente denegado por el Honorable Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, Sala Civil Uno, de modo que no queda más a este Supremo Tribunal que admitir por el de hecho el Recurso a que se ha hecho mérito”. Pero los tres magistrados sandinistas de la Sala Civil, apoyados por un magistrado liberal arnoldista, desestimaron el argumento del magistrado Vargas Sandino.
En conclusión: ¿Hubo negligencia de los abogados del Iniser o fueron intereses políticos y económicos de uno de los dos partidos que controlan el Poder Judicial los que determinaron esta sentencia contra la aseguradora estatal y contra el pueblo de Nicaragua que debe pagar los 14 millones de dólares?
El Gobierno del presidente Enrique Bolaños debe investigar y esclarecer esta situación, y si hubo negligencia proceder como manda la Constitución; y si la sentencia fue, en efecto, de carácter político, no ajustada a derecho, al menos denunciarla ante la opinión pública nicaragüense.
