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El primer punto
Miembros del grupo de 150 nicaragüenses notables que el 10 de junio recién pasado propusieron al Presidente de la República y a la nación, los “5 puntos por Nicaragua”, visitaron el jueves 3 de julio al Consejo Editorial de LA PRENSA, para explicar el significado y objetivo de dicha propuesta.
Como se recordará, los cinco puntos se refieren a: no reelección presidencial absoluta; despartidarización de la justicia; profesionalización del organismo electoral del Estado; reducción del número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de diputados a la Asamblea Nacional; e independencia de la Contraloría General de la República.
Según los proponentes el punto más importante de los cinco es el de la no reelección presidencial absoluta —o sea, una vez y nunca más—, pues ésta, junto con el concepto y la práctica del Estado botín, han sido causa de las peores desgracias en la historia nacional, y determinan además la persistencia del fenómeno del caudillismo. Por ejemplo, si Daniel Ortega y Arnoldo Alemán no tuvieran la posibilidad de volver a ser presidentes de Nicaragua, no tendrían ahora a la nación sometida a su pacto y a sus dañinas ambiciones políticas y personales.
Estamos de acuerdo en esto con los proponentes de los cinco puntos. En realidad, el problema de la reelección siempre ha sido un tema de preocupación nacional, desde que Nicaragua dejó de ser colonia de España. Ya en la primera Constitución de Nicaragua independiente, la de 1938, se estableció que el Director de Estado tendría un período de dos años y no podría ser reelecto para el siguiente. Después, prácticamente en todas las constituciones (11) que se dictaron hasta ahora en Nicaragua se consagró el principio de la no reelección en una u otra forma, aunque siempre fue violado por los gobernantes —salvo honrosas excepciones— provocando calamidades políticas como golpes de Estado, guerras civiles, estados de excepción y crueles represiones.
La Constitución actual establece que quien ejerza o hubiera ejercido la Presidencia de la República puede aspirar sólo a una reelección, pero con a menos un período de por medio. Por eso fue que Arnoldo Alemán, con el afán de seguir siendo presidente de Nicaragua sin intermisión, pactó con el FSLN, le hizo a Daniel Ortega toda clase de concesiones, y hasta le vendió el alma al diablo con tal de conseguir la ansiada reelección presidencial.
Sin embargo aquellos esfuerzos de Alemán fueron infructuosos, no porque a Daniel Ortega no le guste la reelección sino porque es él quien quiere reelegirse. Ciertamente, los principios de alternancia en el poder y no reelección son esencialmente democráticos y por tanto extraños a la mentalidad revolucionaria, socialista y comunista (Fidel Castro tiene 44 años y seis meses de estarse reeligiendo). Por eso la Constitución sandinista de 1987 —que fue redactada como instrumento jurídico y político para construir una sociedad socialista con Daniel Ortega como presidente vitalicio— permitía la reelección de manera indefinida, hasta que la reforma constitucional de 1995 estableció que sólo puede haberla una vez y no en períodos consecutivos.
Y seguramente por eso es que ahora Daniel Ortega propone transformar el sistema de gobierno, de presidencialista a parlamentario, con un jefe de gobierno designado por la Asamblea Nacional que gobernaría sin límite de tiempo, hasta que su partido deje de ser mayoría parlamentaria.
La verdad es que tanto el sistema presidencialista de gobierno como el parlamentario son igualmente democráticos, y se escoge uno u otro de acuerdo con las tradiciones políticas y gubernamentales de cada país. En todo caso, lo determinante es que la gente tenga educación cívica y sentido de responsabilidad ciudadana para elegir a las personas apropiadas como gobernantes (presidente y parlamentarios); y que el sistema electoral sea limpio, competitivo y manejado por funcionarios idóneos, no como quienes manejan ahora el Consejo Supremo Electoral.
De modo que en las condiciones actuales de Nicaragua el sistema parlamentario podría ser inviable porque no vendría de las tradiciones gubernamentales y la cultura política nacional. Y más bien podría ser un medio para impedir la alternancia en el poder y para asegurar el continuismo de los caciques corruptos y autoritarios que dominan hasta ahora los escenarios de la política en Nicaragua. Y seguramente por eso es que lo propone el señor Daniel Ortega.
