Peter R. [email protected]
Desde la elección estadounidense de1964, Johnson enfrentado a Goldwater, hemos estado siguiendo activamente campañas políticas y las encuestas de opinión. También participado en varias convenciones de ambos partidos, entrevistado para la prensa escrita, radial y televisiva a candidatos presidenciales y de otro rango, asistido y moderando debates sobre todos los temas, desde la Presidencia hasta el Seguro Social. Lo mismo hice en América Latina, sobre todo en Colombia, Venezuela, Ecuador y otros países. Por espacio de varios años estoy siguiendo de cerca la situación de América Central, sobre todo la nicaragüense, país con el que tengo vínculos familiares. Desde mi modesto balcón y salvando distancia veo un cambio radical progresivo en su opinión pública.
El pasado mes de febrero del año en curso, la firma Cid-Gallup reveló que el sector mayor del electorado de Nicaragua, continúa expresándose en forma no partidista. Un 47 por ciento no apoya “ningún partido”, un 26 por ciento es del PLC (Liberal Constitucionalista), el 25 por ciento del FSLN (Sandinista) y un do por ciento conservador. El gerente de la firma encuestadora Fred Denton señaló como encapsulando el resultado de sus investigaciones lo siguiente: “En estas democracias que vivimos en Latinoamérica ya los pueblos no son pacientes con sus líderes y sus gobiernos”. Es decir, que es cada vez más notorio que lo que está en crisis es ‘la política’. La más reciente encuesta realizada hace pocas semanas entre 1,600 ciudadanos entre 16 y los 65 años en todas las regiones del país, con un margen de error de más o menos 2.4 por ciento, por la firma M&R Consultores, revela más o menos la misma tendencia que la de Cid-Gallup, o sea… el tremendo desgaste de los partidos. El 37.4 por ciento sigue al liberalismo, el 27.1 por ciento con el FSLN, pero la tercera parte no se identifica con “ninguna corriente”. Profundizando un poco, los liberales están divididos en dos vertientes: La oficialista con el 41.7 por ciento y la desconforme con el 35.1 por ciento de su total. Es muy significativo que el apoyo al oficialismo ha descendido del 66.2 por ciento a; 41.7 por ciento, entre octubre del 2002 y junio del 2003. Cualquier otro hallazgo palidece.
Más dramático, preocupante y cercano a la sala de “terapia intensiva del hospital político nicaragüense” es otro resultado alarmante. El 51.6 por ciento estima que ni unos ni otros tienen las condiciones para garantizar que la democracia continué. Al mismo tiempo, en esa cifra se cuestiona la capacidad de los sectores dentro del partido de gobierno para proteger la libertad de cada ciudadano y resolver los problemas del país, en contraposición al FSLN, voy a ser más concreto como observador neutral. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Será posible que estas condiciones conduzcan a una futura elección de algún candidato repudiado en lo personal pero visto como alternativa al divisionismo de las fuerzas democráticas?
Analizando y meditando en esta encuesta me doy cuenta de otras situaciones que hacen culminar lo anterior con un verdadero desasosiego nacional ante instituciones fundamentales. Esta crisis afecta a todos los poderes del Estado, entiéndase Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. También incide en el sector empresarial y la sociedad civil. ¿Qué piden entonces a gritos los nicaragüenses a sus políticos criollos? Pues bien, aquellas cosas a las que tienen todo su derecho. Por ejemplo, entre otras, que sean honestos, cumplan lo que prometen, que sean capaces y democráticos. En cuanto a la opinión sobre el sector empresarial, éstas van desde la desconfianza hasta la corrupción, además los visualizan con poco interés en ayudar a combatir problemas sociales, o sea un 76.6 por ciento de los encuestados confía poco o nada en ellos.
Retomando la opinión pública sobre los políticos. Siete de cada diez los considera oportunistas. Escasamente dos de cada diez entienden que sirven al pueblo. Peor todavía, seis de cada diez dicen que son mentirosos y deshonestos. En otras palabras “el que esté libre de pecado que lance la primera piedra”. Los indicios se inclinan hacia señalar que trabajan simplemente a favor de sí mismos. Ya que en todo lo relacionado con las encuestas hay que buscar “tendencias”, lo más evidente parece ser que los resultados de las mismas son cada vez peores para ellos… Aparentemente, ante esta caída de la credibilidad, muchos diputados de las diferentes bancadas han reconocido públicamente que tienen que dejar la “guerra verbal y dedicarse más al trabajo parlamentario”. Otro dato medular y digno de meditar lo es el rechazo del 80 por ciento del pueblo a dos ex presidentes, los llaman caudillos y le piden que se “retiren” definitivamente de la política, por el bien de la democracia.
¿Qué pudiera hacer cambiar este panorama? Una opinión o tesis bastante aceptada que se debate diariamente en cada rincón, es la de que una Asamblea Constituyente podría representar una solución a la actual crisis de confiabilidad pública. Se discute mucho sobre “consenso”, el respeto a la opinión de las minorías. Para conseguirlo habría que eliminar el partidismo en la Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones. ¿Cómo llevarlo a cabo? No se está pidiendo reducción de mandatos sino que se inicie el proceso que puede tomar hasta cuatro años y culminar en el 2007. El presidente no tendría que renunciar, las instituciones mantendrían su continuidad, pero se ofrecería algo al pueblo en qué creer. Hay que ponerlo en perspectiva, lo de renuncia del Gobierno y adelanto de las elecciones en el 2004 no guarda relación con lo ocurrido en 1990 cuando triunfó doña Violeta Barrios de Chamorro (líder de popularidad en las dos encuestas mencionadas). Hasta esa fecha el país estaba en guerra, la economía deteriorada, había dudas acerca de la legitimidad del Gobierno y existía una larga lista de posibles justificaciones para una solución a corto plazo. Lo que se va imponiendo aparentemente en la mente de muchos es que un “plebiscito” presionaría a los legisladores a asumir reformas que parecen ya indispensables y que conduzcan a eliminar el partidismo de los poderes de un Estado, que debe rápidamente modernizarse.
El director de M&R, Raúl Obregón, señala que el pueblo a través de las preguntas de la encuesta entiende que la gestión del Gobierno es ambigua, difícil de determinar la influencia de un poder del Estado sobre otro, en medio de una generalizada imagen, proyectada por algunos, de que quien “gobierna” es la oposición. A todo lo anterior añadiríamos la conveniencia de realizar elecciones primarias por voto directo a todos los niveles, nacional, departamental y municipal, para limpiar y refrescar el ambiente. Ahora bien, curiosamente, el jefe del Estado tiene un 65 por ciento de opinión positiva. ¿Quién entiende esto? Más bien, ¿en quién creen los nicaragüenses?
El autor es columnista internacional
