Guillermo Ramírez C.*
No voy a entrar a referirme a los múltiples problemas que giran alrededor del Ministerio de Salud que, dicho sea de paso, recibe una de las mayores asignaciones en el Presupuesto General de la República y que, tristemente, presenta una cara ante la nación de limitaciones absolutas, en cuanto abastecimiento de medicinas, acceso a exámenes y dotación de equipamiento en muchos hospitales o centros de salud.
Hace pocos días, la mayoría de los televidentes tuvo la oportunidad de ver un “hospital” en la zona del Triángulo Minero, en condiciones totalmente deplorables. Por decir lo menos, cualquier familia de clase media dispone de más medicinas en su botiquín doméstico, que el referido “hospital”.
Esta semana, el Canal 12, estuvo haciendo una colecta para proveer de recursos a los familiares de unos niños que, recluidos en el Hospital del Niño, por su extrema pobreza, no pueden afrontar el precio de unos exámenes, ni el referido hospital se los puede suministrar porque no tiene presupuesto.
Cualquier persona con un mediano razonamiento se preguntará, ¿como es posible que un ministerio cuyo presupuesto es de varios centenares de millones de córdobas no puede suplir un examen que vale entre trescientos y quinientos dólares? No encuentro una explicación razonable a esa negativa, y el Minsa debería haber suplido esos exámenes, por lo menos para lavarse un poco la cara.
El Minsa tiene una gran estructura. Además de Ministro, Viceministro y Secretario General, con todo su equipo de secretarias, asistentes, asesores y conductores, tiene directores, jefes, responsables, etc., etc., un gran aparato administrativo, que se mantiene vía impuestos a través del Presupuesto General de la República.
El Gobierno tiene urgentes necesidades de recursos para afrontar no sólo las necesidades de salud y educación, sino su obligación constitucional de proveerlas a la población. Pero a veces pareciera que estas necesidades no son tan agobiantes y urgentes, cuando respalda un hospital privado para particulares con recursos, que se acoge a la Ley de Incentivos al Turismo, lo que significa amplias y largas exenciones tributarias y fiscales.
Dentro de esa perspectiva de generosidad gubernamental, para coadyuvar a los que no tienen nada creo que sería razonable y justo considerar que los aportes de particulares para atender estos casos humanitarios, de un mínimo de justicia y caridad para nuestros semejantes, fuesen acreditados al pago del Impuesto sobre la Renta, y no digo deducibles, sino acreditables, ya que estos particulares están aliviando la responsabilidad constitucional del Gobierno con toda la población de la nación.
Tal vez los honorables diputados, ante tanta angustia y desasosiego que campea en el país, le den prioridad a la solución de los problemas que afligen a la población, que son muchos.
* El autor es jurista, ex diputado a la Asamblea Nacional
