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La reforma constitucional
Hoy —cuatro de julio— se cumplen ocho años de que entró en vigencia la reforma constitucional de 1995, quizás la más importante de todas las enmiendas a la Constitución que se han aprobado a lo largo de la historia nacional.
En efecto, entre las 11 constituciones y nueve reformas constitucionales que se han dictado en Nicaragua desde la independencia nacional de 1821, la reforma de 1995 tuvo la característica de que modificó sustancialmente una constitución revolucionaria, la sandinista, que fue aprobada —en 1986, y puesta en vigencia en enero de 1987— para construir una sociedad socialista en Nicaragua.
Por otro lado, parece paradójica la conducta política de los nicaragüenses —en realidad, de la cúpula dirigente—, que aman la guerra pero también confían de manera casi religiosa en la ley, las constituciones y las reformas para tratar de resolver los problemas nacionales.
Ciertamente, en los 182 años de vida independiente de Nicaragua, se han hecho más de veinte guerras civiles y conflictos armados de distinta magnitud (uno cada nueve años, más o menos); pero también se ha dictado una constitución o se ha aprobado una reforma constitucional igualmente cada nueve años, aparte de que se redactaron otras cuatro constituciones que quedaron nonatas, es decir que por una u otra razón no entraron en vigencia.
Sin dudas que los frecuentes cambios constitucionales ocurridos en Nicaragua —lo que ha sido un mal latinoamericano, en realidad—, reflejan por un lado una crónica inestabilidad política y precariedad institucional, pero por otra parte demuestran que los nicaragüenses viven abrigando la esperanza en que los mecanismos legales y los cambios constitucionales resuelvan los problemas de la sociedad y aseguren la convivencia nacional.
Pero también esa afición constitucionalista de los políticos nicaragüenses comprueba la veracidad de lo dicho por Maquiavelo (Nicolás, 1469-1527), que “la costumbre de quebrantar la Constitución para hacer el bien conduciría tal pretexto a quebrantarla, para en realidad hacer el mal”. En realidad, esto es lo que ha ocurrido a menudo en Nicaragua, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de las excelentes reformas constitucionales de 1995 no fueron aplicadas, y más bien, cinco años después se hizo otra reforma para revertir el progreso institucional y repartir los cargos superiores del Estado entre las cúpulas de los partidos liberal y sandinista.
Las instituciones necesitan adaptarse a los cambios que inevitablemente ocurren con el transcurso del tiempo, y formalizarlos por medio de reformas legales y constitucionales. Pero así como son inevitables los cambios en las instituciones, del mismo modo hay que comprender lo mucho de permanente que hay en lo que rige la vida de los hombres y la sociedad, y por lo tanto es necesario saber que las reformas se tienen que combinar apropiadamente con lo que tiene valor de permanencia.
Precisamente, el talento y el sentido de responsabilidad de los políticos gobernantes —incluyendo a los que ejercen la función legislativa—, se demuestran en su capacidad o incapacidad de determinar el momento indicado para hacer los cambios y el correcto balance entre lo que se debe cambiar y lo que hay que conservar; entre lo que se debe conservar de un ordenamiento constitucional y lo que tiene que ser reformado o desechado; en la armonización de lo nuevo con lo viejo; así como en la capacidad de alcanzar el consenso para que la reforma o el cambio a la Constitución sea un verdadero y fecundo acuerdo nacional, no un pacto para repartir prebendas.
En 1995, la determinación de aprobar la reforma constitucional se estableció después de una ardua lucha entre quienes demandaban una constituyente y los que decían que tal objetivo era inviable, primero porque no se tenía la fuerza legislativa y popular suficiente para convocarla, segundo porque no había posibilidad de lograr el consenso político y social indispensable para redactar una nueva Constitución; y tercero, porque lo posible en aquel momento era convertir la Constitución sandinista en un instrumento democrático, mediante una reforma como la que entró en vigencia el cuatro de julio de 1995.
Lamentablemente la mayor parte de aquellas reformas quedó en el camino, sin implementarse, mientras que las nuevas enmiendas, las libero-sandinistas del año 2000, fueron como señaló Maquiavelo un quebrantamiento de la Constitución para hacer el mal.
