Félix A. Maradiaga B.*
Al leer las declaraciones del constitucionalista Gabriel Álvarez ante el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), vi con tristeza y preocupación que existan en Nicaragua juristas que creen en el uso de la fuerza militar para “restablecer el orden constitucional violado” en la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso sería más comprensible si viniera de sectores y ciudadanos acostumbrados al uso arbitrario del poder y las armas.
Aunque yo tampoco estoy de acuerdo en la manera en que se eligieron los magistrados, ciertamente arbitraria y poco democrática, no veo ningún argumento jurídico que permita el uso del Ejército en tareas alejadas de su auténtica razón de ser, claramente establecida en la Ley 181 (Código Militar) de 1994 y las reforma al Título V de la Constitución, en 1995. La interpretación que hace el licenciado Álvarez del artículo 92 de la Constitución es descabellada, pues insinúa que la elección de magistrados es una amenaza a la “soberanía, independencia e integridad territorial”.
Afortunadamente el Presidente de la República, por su sensatez y vocación democrática no presta atención a ese tipo de sugerencias, tal y como reiteró en el discurso ante las Fuerzas Armadas el pasado Día del Ejército de Nicaragua: “Nunca les daré una orden que atente contra la Constitución”.
* Licenciado en Ciencias Políticas y Profesor Universitario
