Merryl Ramón Pineda Picado*
La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece en su primer artículo que la función pública debe ser ejercida a favor de los intereses del pueblo, con miras a ofrecer a todos los nicaragüenses iguales oportunidades para trabajar en la administración pública conforme a su idoneidad y aptitudes, independientemente de su sexo, raza, credo religioso, filiación política o clase social. ¡Qué gran mentira!
Los legisladores han creado una serie de utopías jurídicas (como esta ley), ya que la realidad política plantea una opuesta y cruda realidad: en Nicaragua si no se es liberal o sandinista no se puede trabajar en la administración pública, esto debe quedar claro.
¿Quién podrá defender a los “apolíticos”? ¿Podría algún funcionario negar que es sandinista o liberal? ¿Dónde quedó el espíritu de la ley? Para muestra de lo expuesto miremos a quienes ostentan cargos públicos y preguntémosles qué carrera universitaria alcanzaron. En muchos casos ninguna, pero eso no importa, son liberales o sandinistas.
* Jinotega, Nicaragua
