Consuelo Sandoval, Benjamín [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer por amplia mayoría una reforma a la Ley de Industria Eléctrica y la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), así como una resolución que contempla la postergación por un período de seis meses del cobro de la energía no registrada a los clientes de Unión Fenosa, en tanto se revisa con el ente regulador, los procedimientos de la aplicación de ese concepto.
Las enmiendas legislativas aprobadas en lo general y en su primer artículo, contemplan que el INE ejercerá la función de regulación del servicio energético y establecerá los criterios, metodología y fórmulas para la fijación de las tarifas a los consumidores, además aprobará y velará por su correcta y estricta aplicación.
Señala que el INE intervendrá en la verificación de los instrumentos de medición de energía cuando existan dudas sobre lecturas efectuadas por la empresa distribuidora, cuyo servicio no podrá suspender a los usuarios cuando por causa de la compañía no se entregue la factura y que en caso de interrupción será reconectado sin costo alguno.
Los diputados previendo un posible veto presidencial a ambas enmiendas, aprobaron simultáneamente una resolución legislativa que exige a INE y Unión Fenosa ejecuten las medidas necesarias para mejorar el servicio, la apertura de oficinas de atención al cliente de ambas entidades y una ampliación de su plan de cobertura.
ORDENAN LEGALIZACIÓN
Requiere que el consejo directivo de INE cumpla con lo que establece la Ley de Asentamientos Espontáneos para que Unión Fenosa implemente un plan intensivo de legalización de los consumidores.
Destaca que INE deberá presentar en quince días un plan de emergencia de la problemática de energía, involucrando a todas las entidades del sistema energético, cuyos representantes serán convocados para discutir, analizar y encontrar una solución de la problemática del sector.
La directiva legislativa acordó que la comisión de infraestructura dará seguimiento al cumplimiento de la resolución y sus resultados deberá informarlos al plenario en plazo de cuarenta y cinco días.
El director del INE, Octavio Salinas, consideró que la intención de la reforma fue crear una medida más coercitiva para evitar el abuso de la empresa distribuidora de energía.
“El funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le dice, y un regulador ¿con qué contaba?, con la Ley de la Industria Eléctrica, con sus reglamentos y normativas y ya está. Si la ley es benigna, pues tiene que ser benigno el regulador”, argumentó Salinas.
No obstante, Salinas dijo que los diputados aún no han reparado en el impacto económico de esta reforma sobre el INE. “No sé si el laboratorio de medidores que ordena crear la ley, lo que se llama patrones para medir estándares, no sé ni cuánto va a costar, ni cuánto va a costar la administración de esos medidores, pero definitivamente, bajo el presupuesto que tenemos nosotros no va a dar la cobija”, objetó Salinas.
