- Jurista señala inconstitucionalidades en la elección de los magistrados
a la Corte e insta a todos los
sectores a oponerse - La sociedad moralmente,
políticamente el Legislativo,
jurídicamente la misma Corte,
y en última instancia, el Ejército
Xiomara Chamorro [email protected]
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez Argüello, ha hecho un llamado a la sociedad y a sus instituciones a defender la Constitución, de las ilegalidades que se han cometido con la reciente elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y sugirió que se haga uso de los mecanismos legalmente previstos para restablecer el orden jurídico.
Álvarez, catedrático de Derecho Constitucional en la UNAN-León, señala que todos los Estados constitucionales de tradición liberal democrática, tienen mecanismos complementarios y suplementarios para proteger la Constitución, que están en la ciudadanía misma y sus instituciones, el Ejército incluido.
En su análisis, Álvarez destaca todas las irregularidades que a su juicio se cometieron en la elección de los magistrados, la que debe ser recurrida, aunque parezca “poco realista suponer una reversión de tal aberración”.
PRIMERA IRREGULARIDAD: ELECCIÓN EN “MOLOTE”
La primera gran irregularidad que el jurista señala, es la elección en “plancha” de los magistrados, contraviniendo el artículo 138, inciso 7 de la Constitución, que manda a elegir a los magistrados de listas propuestas “para cada cargo”, tanto por el Presidente de la República, como de los diputados, y cada elección debe contar con el 60 por ciento de los votos parlamentarios.
Consecuentemente, se violentó, dice Álvarez, el artículo 73 de los Estatutos de la Asamblea Nacional, que establece que en esta elección resultan electos los candidatos que obtengan el mayor número de votos de “cada terna”.
“Resulta obvio que el procedimiento correcto era elaborar nueve listas y elegir a cada magistrado de cada una de ellas y no la escogencia “en molote” que realizó la Asamblea Nacional”, comenta el jurista.
SEGUNDA IRREGULARIDAD: ELECCIÓN DE FUTURO
La segunda violación formal cometida en esta elección, de acuerdo a Álvarez, es no solamente haber obviado ilegítimamente al Presidente de la República y a la sociedad, sino que además haber elegido de futuro a cuatro magistrados sin existir las vacantes correspondientes, ya que esto “implica subvertir la distribución del poder político diseñado por la Constitución y usurpar atribuciones que no le competen a la actual Asamblea Nacional sino a una Asamblea Nacional del futuro, independientemente que la integren los mismos o distintos diputados”.
“Admitir la legitimidad de la elección de cuatro cargos no vacantes implica admitir la posibilidad de elegir diez, quince, veinte o más magistrados pro-futuro, con lo cual incluso se podría dejar embargada la potestad de elegir magistrados de la próxima Asamblea Nacional que resulte electa en el 2006. Esto sería tan absurdo como que en la actualidad existen diecisiete magistrados electos –algunos de ellos sin tomar posesión– para una Corte Suprema de dieciséis miembros”, agrega Álvarez.
Para este jurista es tan absurda legalmente esta elección, como si el presidente Enrique Bolaños decidiera enviar a la Asamblea Nacional los proyectos de Presupuesto de la República de los próximos diez años, argumentando que elaborar el presupuesto está dentro de sus facultades.
OBLIGACIÓN DE GOBERNANTES Y GOBERNADOS
Aunque el jurista destaca que podría parecer irreal recurrir ante los mismos magistrados que fueron electos en la votación objetada, llama a la ciudadanía y a sus autoridades a asumir sus responsabilidades.
“Todos, gobernantes y gobernados, tenemos la obligación de defender la Constitución, máxime cuando los mecanismos ordinarios para ello no resultan suficientes”, sugiere Álvarez.
Considera que una buena oportunidad para que los diputados reconcilien su posición con la legalidad y la ciudadanía es eligiendo magistrados al Consejo Supremo Electoral antes de las elecciones nacionales del 2006, e invita al presidente Bolaños en tal caso, a que “demuestre su liderazgo, su valentía política y su verdadero deseo de transformar Nicaragua”.
LA ÚLTIMA GARANTÍA
“La defensa moral de la Constitución corresponde a los ciudadanos, la defensa política a la Asamblea Nacional, la defensa jurídica a la Corte Suprema de Justicia. Pero la última garantía de que la Constitución será respetada pertenece al Ejército”, señaló el catedrático de Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, al citar preceptos de la teoría del Estado y Derecho Constitucional.
