- Más de una docena de instituciones complican el conflicto por propiedad
- Ley de la Propiedad llena de vacíos jurídicos, y no hay sanciones para funcionarios negligentes o corruptos
José Adán Silva [email protected]
El director del Instituto Jurídico Social, Francisco López, expresó ayer que la burocracia gubernamental es una de las causas que alientan los conflictos de la propiedad en todo el país, debido a la formación de una numerosa estructura institucional que confunde o aleja a las personas con problemas de propiedad.
López estableció la anterior afirmación en una propuesta de reforma al reglamento de la Ley 278, Ley de Propiedad Reformada Urbana y Agraria, donde se establecen cambios urgentes a la aplicación de la misma, entre ellos la fusión de varias entidades encargadas de resolver el problema de la propiedad, en una sola oficina.
El Instituto Jurídico Social es una organización no gubernamental que trabaja con financiamiento de varios organismos internacionales como, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), en el proyecto “mediación y asesoría jurídica en conflictos de propiedad agraria”. Además son parte del recién creado Foro de la Propiedad, que integra a nueve organizaciones agrarias, jurídicas y gremiales.
Según López, el hecho de que exista aproximadamente un millón de manzanas de tierras productivas en litigio legal, no se debe únicamente a la falta de aplicación de leyes, a la ausencia de datos confiables de catastro y registros de propiedad, y a la falta de voluntad política de los gobiernos de turnos, sino que también incide el hecho de que existen al menos 10 instituciones gubernamentales que ven los conflictos de propiedad, las cuales según López, “tienden a confundir y desanimar con su burocracia, a las personas que necesitan orientación en sus conflictos de propiedad”.
BUROCRACIA TERRIBLE
“Hemos analizado a través de la asesoría a más de 150 casos, que hay disposiciones que no han sido reglamentadas; situaciones que no están reguladas por la ley, disposiciones que han sido afectadas por la transformación institucional, creada por la misma ley al establecer un complejo sistema de instituciones involucradas en su aplicación, lo que redunda en la dispersión de esfuerzos y recursos del Estado, y causa mayor dificultad para la gestión de los beneficiarios de la ley”, señala López.
DE UN LADO A OTRO
El experto señala que en muchas ocasiones “las personas que tienen propiedades en conflicto, se desaniman en sus esfuerzos al ver que de una institución lo mandan a la otra, y allá lo mandan a otro lado a solicitar una constancia, allá le dicen que vaya a tal lado a solicitar esto, de allí le piden que se vaya allá, allá le piden que pague tanto, que regrese tal día y al final la persona prefiere resolver sus problemas de otra manera, y ahí es donde vienen los conflictos”, ejemplifica López, quien propone la formación de una sola oficina de atención a conflictos de propiedad y ponerle “voluntad política” al problema, de lo contrario vaticina que podrían pasar más de 15 años de inseguridad jurídica y hasta estallidos de violencia.
VACÍOS JURÍDICOS AGUDIZAN CONFLICTO
Según el presidente del Instituto Jurídico Social, Francisco López, el conflicto de la propiedad en Nicaragua se agudiza por los vacíos jurídicos de la Ley 278, Ley de Propiedad Reformada Urbana y Rural.
Entre los vacíos jurídicos que señala López, figura el hecho de que no hay disposiciones imperativas que aseguren la actuación diligente de los funcionarios encargados de dar respuesta.
En ese sentido, López señala que en los procesos de búsqueda de solución a los problemas de propiedad no se establece a quién favorece el silencio administrativo de los funcionarios.
Además, la ley no sanciona la parcialidad de los funcionarios ni establece sanciones por omisión a los procuradores de la propiedad cuando no defienden al beneficiario.
