Mauricio Mendieta Herdocia
La Asamblea Nacional se propone elegir cinco magistrados para la Corte Suprema de Justicia a los cuales se les venció su período. Hace algunos años eran siete los magistrados de esa Corte, en las postrimerías del sandinismo su número fue ampliado a nueve, fue nuevamente aumentado a 12 en 1995, para luego pasar a 16 miembros con el pacto libero-sandinista.
A como ha sido planteado y lo ha propuesto también el movimiento de “Ciudadanos por las Reformas del Estado”, Nicaragua no necesita más de siete magistrados. Los nueve supernumerarios significan en costo económico un poco más de un millón cien mil dólares al año, recursos con los cuales perfectamente se podrían construir algunas obras de interés social.
Con una población como la nuestra de cinco millones de habitantes, siete magistrados son más que suficientes. Japón con 120 millones de habitantes tiene una Corte Suprema de Justicia compuesta por 15 magistrados; los Estados Unidos de Norteamérica con una población de 281 millones tiene nueve, y Guatemala con el doble de población que Nicaragua tiene diez magistrados.
El sistema judicial no solamente debe ser efectivamente independiente, sino que tanto sus diferentes miembros como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser electos tomando en cuenta la opinión de las organizaciones sociales más preparadas al respecto, previa investigación pública y exhaustiva de la capacidad profesional y la solvencia moral de los candidatos, y no por su filiación y lealtad política partidaria.
Tanto la reforma al Poder Judicial como las otras reformas del Estado, son absolutamente necesarias e importantes para avanzar en el desarrollo y consolidación del incipiente sistema democrático de Nicaragua. La reversión del odioso pacto que realizó el liberalismo con el sandinismo pasa definitivamente por las reformas del Estado. Pacto que lejos de ser motivado por los mejores intereses de la nación, fue impulsado por los mejores intereses políticos personales y partidarios estableciendo y asignándose los dos partidos cuotas de poder y posiciones de ventaja especiales. Esas dos fuerzas políticas tienen secuestrada a la democracia, y sus principales dirigentes y miembros se han enquistado en las diferentes estructuras del estado para seguir gozando de privilegios políticos y viviendo del presupuesto nacional.
El sandinismo gobernó directamente diez años, nueve meses, y co-gobernando lleva casi 13 años, y no desde abajo sino desde arriba. El FSLN representa una clase política privilegiada en este país, pues no solamente gobierna sino que es inmune e impune. No ha existido a la fecha ni un sólo procesado de esa organización política por delitos de corrupción, convirtiéndose en verdaderos intocables de la justicia gracias a la tolerancia o actitud pusilánime de los gobiernos de turno.
El autor es médico.
