Brooklyn Rivera B.*
Las informaciones publicadas en los medios de comunicación relacionadas a las drogas en la Costa, reflejan una imagen distorsionada de las regiones autónomas RAAN y RAAS, al generalizar el involucramiento a todos los sectores, en particular a sus comunidades indígenas. Además, los reportajes fallan en señalar con objetividad las modalidades de las actividades de los individuos o grupos participantes, lo mismo que los indicios de complicidad de las autoridades policiales y judiciales en el tráfico o consumo de drogas en la Costa.
En efecto, la incidencia del problema actual de drogas en la Moskitia nicaragüense resulta un nuevo fenómeno, facilitado por la ubicación geográfica del área y las condiciones socioeconómicas de sus pobladores. Naturalmente, este fenómeno, dado su alcance y su impacto presenta un enorme desafío tanto para las autoridades regionales como nacionales del país, de actuar con mucha conciencia étnico-social, responsabilidad política y efectividad en sus esfuerzos de atención y lucha.
Es evidente, debido a las actividades de trasiego de drogas en alta mar del Caribe de parte de los narcotraficantes, quienes se movilizan de Norte a Sur en embarcaciones rápidas, y en ocasiones al encontrarse con tempestades y mal tiempo, se ven obligados a tirar cantidades de drogas en el mar con el fin de salvar sus vidas. Asimismo, últimamente, ante la vigilancia y patrullaje mayor en alta mar de parte de los guardacostas norteamericanos, todo indica que los narcotraficantes enfrentan persecuciones, por lo que buscan refugios o contactos esporádicos en los cayos o tierra firme, y además algunas veces cambian modalidades de operaciones usando otros medios como aviones o vías como ríos.
Es en ese contexto que se da el involucramiento de algunos individuos, grupos o autoridades en las actividades ilícitas relacionadas a las drogas en la Costa. Algunos miembros de las comunidades, en especial los pescadores en forma esporádica y accidental ya sea individual o en grupo, encuentran cierta cantidad de drogas bien sea flotando en alta mar o subida en la playa. Seguidamente ya ha resultado una costumbre, la primera decisión del o de los que encuentran drogas, es separar “la parte correspondiente para el Gobierno”, entregando posteriormente a miembros de la Policía Nacional a través de las autoridades comunales, bien sea en sus comunidades o en las cabeceras municipales.
En cambio, es notorio que las autoridades judiciales (jueces y secretarios) participan en las actividades vinculadas a las drogas a través de casos de los presos y juicios de las personas capturadas o detenidas, asociados con el tráfico de drogas. Los familiares de los acusados se quejan continuamente que los abogados defensores (¿) cobran enormes sumas de dinero para liberar a los presos con el argumento de “es un caso de drogas” y “hay que dar su contribución”.
Ahora bien, lo que hace la Policía con “la parte del Gobierno” es difícil precisar con objetividad aunque la población general comenta a altas voces la participación de los jefes policíacos en la venta y beneficios de las cantidades de drogas recibidas. La verdad es que a la vista de toda la población en las principales ciudades, algunos jefes de la Policía y jueces aparecen “de la noche a la mañana” en vehículos propios, manejando negocios, construyendo viviendas nuevas y hasta convertidos en prestamistas.
De manera que resulta irresponsable culpar a toda la población costeña en estas actividades ilícitas, ni siquiera a una comunidad en particular, al igual que no se puede vincular y señalar a todas las autoridades policiales y judiciales de las regiones autónomas, aunque es innegable la participación y beneficios que recibe de parte de algunos individuos, grupos o autoridades relacionadas con la lucha contra el narcotráfico en la Costa.
Las investigaciones emprendidas por las autoridades nacionales pertinentes, además de profundizar en sus indagaciones, se deben ampliar en todos los municipios de las dos regiones, señalando los involucrados, las modalidades cubiertas de corrupción y las potenciales redes de las actividades conexas. Naturalmente, las investigaciones deben conducir a la toma de medidas correctivas reales que involucren a reestructuraciones efectivas de los mandos policiales y de las autoridades judiciales, muchos de los cuales nunca se han visto en rotaciones durante años e integran parte del problema.
Finalmente, creo que se debe impulsar un plan integral de prevención y lucha en contra de este fenómeno de incidencia de drogas, con el involucramiento de todos los sectores a través de sus líderes y sus organizaciones sociales y populares. Sin duda, con los cambios en las estructuras policiales y judiciales, generará confianza en la población, se motivará a los líderes y organizaciones a involucrar más directamente en la lucha y se comprometerán a todos los sectores y autoridades de trabajar con voluntad comprometida y firme en contra de este flagelo que ya azota a todo el país. Así sea.
* El autor es dirigente indígena del Atlántico Norte
