- Pobladores del asentamiento Gertrudis Arias dicen que no abandonarán sus propiedades
Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Trescientas familias residentes del asentamiento Gertrudis Arias, ubicado al suroeste del Mercado de Mayoreo, en Managua, demandaron a las autoridades judiciales revocar una orden de desalojo promovida por Miguel Ángel Álvarez Lacayo, quien reclama el dominio de once manzanas, donde se encuentran asentados los afectados.
Carlos Manuel García, secretario de la junta comunal del asentamiento, dijo que fueron notificados de una resolución judicial que ordena desalojarlos el jueves próximo, y con esa decisión estarían en la calle 1,800 personas.
Según García, el litigio surgió después que el Estado, a través del antiguo Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), durante la administración de Álvaro Fiallos Oyanguren, adjudicó la propiedad a varios desmovilizados y víctimas de guerra, que posteriormente vendieron el terreno a las familias que ahora habitan el terreno.
Los afectados introdujeron ante el Juzgado Segundo Civil de Distrito, un recurso denominado querella de amparo, contra el señor Javier Álvarez Zamora, hijo del reclamante de la propiedad, sin embargo, fue rechazada por la judicial.
Al ser consultado al respecto, el señor Álvarez Zamora aseguró que la propiedad es patrimonio familiar desde 1952 y que, el quince de abril del año pasado, ese grupo de personas se tomó el terreno, violando las normas de seguridad.
Álvarez negó que el INRA haya emitido la carta de asignación de la propiedad, y aclaró que se trata de un documento falso, prueba de ello es la declaración de Fiallos Oyanguren, quien rechazó haber adjudicado la propiedad.
“Esto no es más que una especie de mafia de personas que se han dedicado a elaborar documentos falsos”, puntualizó Álvarez.
Franklin Cordonero, representante legal de los afectados, dijo que pretenden llegar a un acuerdo con el Estado, dado que la propiedad fue hipotecada con un préstamo otorgado por el extinto Banco de América, por 200 mil córdobas, dinero que supuestamente no fue saldado por Álvarez Lacayo.
“Ellos (los afectados) están aferrados a que si hay un arreglo de alguna situación, es con el Estado”, indicó Cordonero.
“No sabemos qué es lo que va a suceder. Queremos prevenir cualquier desastre porque nosotros no estamos dispuestos a entregarla. Si van a haber muertos, vamos a ponerlos de ambos bandos, si van a haber heridos, de igual forma”, amenazó el secretario de la junta comunal del asentamiento.
