El Ministro de Gobernación, señor Eduardo Urcuyo, advirtió a LA PRENSA en relación con las denuncias sobre supuestos vínculos de algunos mandos y oficiales de la Policía Nacional con actividades criminales de narcotráfico, que “hay que tener mucho cuidado en esto, porque vos no sabés si el oficial estaba haciendo un trabajo o estaba en medio de un operativo o estaba en una operación de inteligencia”.
El ministro Urcuyo se refería a las informaciones publicadas por este Diario acerca de que algunos oficiales de la Policía se han relacionado con traficantes de drogas, lo que fue corroborado por el fiscal regional de la Costa Atlántica Sur, Elmer Reyes, cuyas declaraciones publicamos también ayer, en el sentido de que “el oficial Delvis Jirón tenía relaciones con traficantes de droga de Río San Juan”.
Pero es insólito que las autoridades que luchan contra el crimen digan que algunos de sus agentes se hacen pasar como malhechores, que realizan operaciones encubiertas y de “inteligencia”, y en fin, que practican el delito para combatir a los delincuentes.
En términos generales se sabe o se presume que los cuerpos policiales infiltran las organizaciones criminales, para obtener información directa desde dentro y supuestamente para mejorar las condiciones de lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, de la Drug Enforcement Administration (DEA), que es la más poderosa y experimentada organización de lucha contra el narcotráfico, no sólo en Estados Unidos sino que en todo el mundo, se dice habitualmente que realiza toda clase de operaciones encubiertas. Inclusive muchas personas justifican que la DEA recurra a cualquier procedimiento para combatir el narcotráfico, que después del terrorismo es la peor amenaza para la sociedad norteamericana y mundial y que según las Naciones Unidas produce ganancias por más de 500,000 millones de dólares; y por lo tanto los narcotraficantes tienen recursos para muchas cosas, incluyendo la compra de complicidad de oficiales claves de la Policía en el país que a ellos les convenga.
De manera que pareciera lógico que las instituciones de seguridad pública se infiltren en el narcotráfico y sobornen a narcodelincuentes. Pero combatir el crimen con procedimientos criminales no es correcto, ni justo, ni ético ni legal. Y cualquier funcionario de alto nivel que reconociera que las hacen, y, peor aún, que las justificara, en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo donde se respete el principio de legalidad, sería inmediatamente destituido y enjuiciado.
Es grave, pues, el reconocimiento que hacen la Policía y el propio Ministro de Gobernación, de que lo que aparenta ser corrupción policial es “trabajo” de operaciones encubiertas y de inteligencia que supuestamente se hace para efectivizar la lucha contra el narcotráfico. Eso significa que otras esferas de actividad social, y no sólo criminal sino también política, podrían estar infiltradas por la Policía y sometidas a operaciones encubiertas y de “inteligencia”, con el conocimiento y consentimiento del Gobierno del Presidente Enrique Bolaños por medio del Ministerio de Gobernación.
En todo caso, sea que la vinculación de mandos y oficiales policiales con narcotraficantes es por corrupción personal o por operaciones encubiertas, flotan en el ambiente diversas interrogantes que la Policía y el Ministerio de Gobernación deberían aclarar:
¿Es lícito que las autoridades de Policía y Gobernación realicen operaciones encubiertas —es decir, al margen de la ley— para combatir la delincuencia y el delito en general, y el tráfico de drogas y a los narcotraficantes en lo particular?
¿Consideran que es correcto que la Policía se autoinvestigue y que por lo tanto pudiera proteger a sus cuadros y exonerarse a sí misma de cualquier responsabilidad?
¿Cuánta droga y dinero producen las actividades encubiertas y quién o quiénes se quedan con ellos? ¿Las operaciones encubiertas están bajo el control del Ministro de Gobernación y del alto mando de la Policía Nacional? ¿Tiene algo que ver la DEA con esas operaciones encubiertas?
Las Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación y el Gobierno de la República tienen la obligación de aclarar esos interrogantes e informar a la población si hay otras esferas de actividad delictiva o legal, política o social, que estén infiltradas por la Policía y sometidas a operaciones encubiertas del Gobierno.
