- Pide explicaciones a jefe policial y al director ejecutivo del IDR sobre venta irregular de vehículos
José Adán Silva [email protected]
La Procuraduría General de la República envió sendas cartas al director de ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Sergio Narváez, y al comisionado mayor y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, Julio González, para que respondan por qué cerraron el caso de la venta de vehículos del IDR.
PIDE A FUNCIONARIOS ACLARAR ACTUACIONES
Firmadas por la secretaria ejecutiva de la Procuraduría, Diana Avendaño Soza, y fechadas el 16 de mayo, las cartas mandan a los funcionarios a que aclaren sus actuaciones en el caso, luego que la semana pasada el comisionado Edwin Cordero, Director General de la Policía Nacional, anunciara que ante la falta de presunciones de delitos, el IDR había pedido cerrar el caso para resolverlo por vía administrativa.
A Narváez, la Procuraduría le recordó que esta institución había solicitado ante la Dirección de Investigaciones Criminales que se investigaran las actuaciones de los funcionarios de la administración anterior, por la autorización de vender a precio de chatarra varios vehículos propiedad del IDR, “por lo que solicito a usted nos informe si esa institución ha llegado a un arreglo con las personas que compraron dichos vehículos”.
SOLICITAN CONCLUSIVO A LA POLICÍA
Igual le mandó a decir la Procuraduría al comisionado Julio González, a quien además le solicitó copia del conclusivo que elaboró sobre el caso la Policía Nacional.
La semana pasada, el primer comisionado Edwin Cordero anunció que la investigación policial sobre la venta irregular de los 36 vehículos propiedad del IDR fue cerrada porque existe una resolución del actual director de esa entidad, Sergio Narváez, de resolver el problema por la vía administrativa.
Cordero sostuvo que lo único irregular que encontraron en la investigación fue que dentro del procedimiento no se cumplió con haberle informado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal como lo establecen normas administrativas internas para la venta o compra de bienes estatales, “pero ese es un problema administrativo, no es un delito”, concluyó.
