Por lo menos una vez al año la Asamblea Nacional hace algo bueno por el país. El año pasado fue el desafuero y destitución de Arnoldo Alemán del cargo que ocupaba indebidamente en la Asamblea Nacional, para que respondiera en un juzgado por las graves acusaciones de corrupción que le imputó el Gobierno de la República. Y ahora la Asamblea eliminó las pensiones de gracia vitalicias de noventa mil córdobas mensuales (más o menos seis mil dólares), para quienes fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia inclusive durante sólo cinco años, aparte de su jubilación legal del INSS de más de 22 mil córdobas o un mil quinientos dólares mensuales.
Además, los diputados pasaron a comisión tres proyectos de reforma a la Ley de Inmunidad, para suprimir algunas pensiones de gracia y revisar la multiplicidad de otras. De manera que si tal reforma fuese aprobada, a partir de ella los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República sólo recibirían una pensión del Estado, o únicamente la remuneración ordinaria si siguen ejerciendo una función pública.
Tal es la situación del ingeniero Enrique Bolaños, quien recibe la pensión vitalicia de ex vicepresidente y cobra su sueldo de Presidente de la República. Y si la ley no fuera reformada, cuando deje el cargo recibiría dos pensiones (por ex vicepresidente y ex presidente), y dos remuneraciones (por diputado centroamericano y diputado a la Asamblea Nacional). ¡Qué tal!
En términos generales las pensiones de gracia las concede el Estado a determinadas personas como reconocimiento a sus méritos reales o supuestos, por valiosos servicios prestados a la República y la sociedad, o simplemente por influencias políticas. Las pensiones de gracia se originaron en la preocupación de los poderes públicos y la sociedad para que quienes ejercieron las más altas funciones estatales y prestaron abnegados servicios a la nación, no vayan a retiro sin una apropiada protección económica, y mucho menos que mueran prácticamente en la indigencia como ocurrió algunas veces.
Pero una cosa es la gratitud a quienes sirvieron en los más altos escalones de la responsabilidad pública, y a otras personas de indiscutibles méritos ciudadanos —educadores, literatos, artistas, etc.— quienes al pasar a retiro no tienen medios para vivir con la dignidad que se merecen, y otro asunto muy diferente es el abuso de repartir pensiones a diestra y siniestra, y además múltiples como ocurre aquí. Esto es inmoralidad y abuso con los escasos recursos del Estado que aporta la gente que trabaja y produce.
El régimen sandinista, después que Daniel Ortega perdió la elección de febrero de 1990, incluyó en la Ley de Inmunidad que los ex presidentes y ex vicepresidentes recibirían una pensión de por vida equivalente al sueldo que devenguen los correspondientes funcionarios en ejercicio. Posteriormente se incluyó en la Ley Orgánica de Tribunales la disposición (artículo 142) de que “la Corte Suprema de Justicia tomará las previsiones pertinentes a fin de complementar la pensión por jubilación del régimen de seguridad social a que tenga derecho el funcionario judicial hasta el 100 por ciento de su último salario real”.
Así se institucionalizó un irritante sistema de pensiones de privilegio mediante el cual el presidente Bolaños recibe una pensión vitalicia de ex Vicepresidente de la República —a pesar de que renunció a ese cargo para aspirar y ejercer otro más lucrativo— y un sueldo como Presidente de Nicaragua; Daniel Ortega recibe una pensión vitalicia como ex Presidente de la República y un sueldo como diputado a la Asamblea Nacional; Arnoldo Alemán cobra una pensión vitalicia como ex Presidente de Nicaragua, un sueldo como diputado a la Asamblea Nacional y otro sueldo como diputado al Parlamento Centroamericano; y otras personas reciben las pensiones vitalicias a pesar de que algunas de ellas renunciaron a sus cargos o no fueron electas por el pueblo.
La verdad es que en estricto derecho y sentido de justicia nadie que ejerció esos cargos por los cuales recibió y recibe jugosas remuneraciones, debería ser pensionado de gracia y vitalicio, a menos que demuestre que en realidad necesita el apoyo del Estado para su retiro decoroso. La función pública es para servir al pueblo, no para servirse de él como se hace desvergonzadamente en Nicaragua.
