LA PRENSA informó la semana pasada que cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuesta —sólo en remuneraciones personales— 1.3 millones de córdobas anuales (90 mil dólares, más o menos); y que en los últimos diez meses el Poder Judicial se ahorró 5.6 millones de córdobas por la falta de los cinco magistrados que no han sido sustituidos por la Asamblea Nacional.
“Cada uno de los cinco magistrados que dejaron su cargo en julio del año pasado ganaba 110,000 córdobas mensuales, más una asignación de combustible por el valor de 3,000 córdobas mensuales”, informó LA PRENSA.
Pero según supimos después, los magistrados reciben adicionalmente más de 20 mil córdobas mensuales, cada uno, para gastos de representación, de manera que a los 560 mil córdobas antes señalados habría que sumarles unos 115,000 córdobas. O sea que el ahorro real es de 675,000 córdobas mensuales (46 mil dólares, más o menos), sólo en retribuciones personales.
Esta información debería ser suficiente para dejar a la Corte con 11 magistrados. Además, en los últimos diez meses ni falta le han hecho esos cinco magistrados a la Corte. De manera que si ésta quedara definitivamente con 11 magistrados el ahorro de los 560 mil córdobas mensuales sería permanente, y ese dinero se podría invertir en otras áreas del Poder Judicial más provechosas para la sociedad.
Pero es muy difícil, por no decir imposible, que a los magistrados y a los diputados les importe el gasto o el ahorro de los recursos económicos del pueblo, pues para ellos éstos son un botín que aprovechan al menos succionándolos en forma de sueldos, asignaciones de combustible y otras prebendas conocidas y desconocidas.
Y mientras no haya presión efectiva de la sociedad y la comunidad internacional, sólo la que ejercen los medios de comunicación independientes, entonces los diputados y los magistrados seguirán haciendo fiesta con lo que no les cuesta; es decir, despilfarrando el dinero del Estado que se obtiene con los impuestos que paga la poca gente que trabaja y produce en Nicaragua.
Se dice que es imperativo llenar las cinco vacantes que hay en la Corte Suprema porque así lo manda el artículo 163 de la Constitución. Sin embargo, la Corte ha funcionado “normalmente” hasta ahora, a pesar de que el mencionado artículo constitucional establece que “estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años”; y por lo tanto, si no hay 16 magistrados la Corte Suprema debería estar automáticamente desintegrada.
Según algunos juristas, políticos y periodistas, bien se podría dictar una ley especial o reformar la Ley Orgánica de Tribunales para dejar a la Corte Suprema de Justicia temporalmente integrada con 11 magistrados —para mientras se reforma la Constitución—; e inclusive sólo con siete, como era antes de los pactos por la repartición del Estado-botín. De esa manera tampoco habría que pensar en sustituir a los cuatro magistrados que terminarán su período en septiembre próximo.
Quienes plantean esa probable solución aseguran que el principio de que una ley secundaria no puede modificar nada de lo que dice la Constitución, es meramente teórico y los partidos y sus diputados lo omiten siempre que lo consideran necesario. Y que al respecto basta recordar como ejemplo el caso de la Ley Marco para la Implementación de las Reformas Constitucionales, en 1995, que ha sido el retorcido constitucional más espectacular de toda la historia nacional.
Pero a los partidos FSLN y PLC arnoldista les conviene más “elegir” a los magistrados que faltan y a los que faltarán en septiembre próximo, para poder apropiarse los sandinistas de la mayoría a cambio de una reforma legal que dejaría a Arnoldo Alemán exonerado de la acusación por lavado de dinero, y a la espera de un jurado que lo absolvería de los delitos de corrupción, como ya ha sido liberado espiritualmente de sus pecados.
Parece inevitable, pues, que los partidos FSLN y PLC se repartirán los nuevos magistrados y que ni siquiera atenderán la sugerencia del presidente Bolaños —que por cierto parece razonable—, de escogerlos al azar entre todos los candidatos propuestos y que supuestamente reúnen las condiciones señaladas en la Constitución, al menos los requisitos legales.
