Luis Felipe Palacios [email protected]
El fiscal Julio Centeno Gómez compareció ayer ante la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional, para exponer los criterios del Ministerio Público sobre la reforma a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas.
Según el fiscal, la participación del Ministerio Público es “la base fundamental” de la reforma a la Ley 285, porque le permitirá integrar la actual Comisión de Análisis Financiero, misma que quedará como una estructura jurídica independiente para darle seguimiento a la lucha contra el lavado de activos.
Afirmó que la Comisión de Análisis Financiero, según el proyecto de reforma a la Ley 285, estará integrada por un director ejecutivo, un representante del Ministerio Público, uno de la Superintendencia de Bancos, uno de la Policía Nacional y otro del Ejército de Nicaragua.
“Todas estas personas, constituidas en un cuerpo colegiado, son quienes tendrán la gran tarea de desentrañar del complejo mundo financiero todas las actividades de reciclaje que se dan, para luchar contra el lavado de activos en Nicaragua”, apuntó.
Asimismo, Centeno Gómez aseguró que la reforma a la Ley 285 definirá “lo que es el lavado de activos”, y adelantó que “posiblemente se le va a dar un carácter autónomo al delito”.
INVOLUCRAR MÁS INSTITUCIONES
El superintendente de bancos, Noel Sacasa Cruz, quien también compareció ante la Comisión Antidrogas, explicó que el lavado de dinero “no se trata solamente de lavado de dinero provenientes de actividades vinculadas al tráfico de drogas, sino que proveniente de cualquier actividad ilícita”.
Sacasa comentó, además, que la Superintendencia de Bancos está interesada en fortalecer la capacidad de acción de la Comisión de Análisis Financiero, para “evitar una posible filtración de información que pudiera provocar una desestabilización” en el Sistema Financiero Nacional.
Sugirió que la Comisión de Análisis Financiero, con la reforma a la Ley 285, debe ampliar las investigaciones de sospecha de lavado de dinero en las entidades financieras, por lo que recomendó que las instituciones que deben proveer información a la comisión, no sean sólo entidades bancarias, sino incorporar a todas aquellas que involucren “el manejo de fondos o de información que pudiera ser importante en el lavado de dinero”.
“Una recomendación es que se incorporen ciertas profesiones como la de los abogados, notarios, contadores públicos, que a veces manejan información que pudiera ser importante para la investigación de delitos de esta naturaleza”, agregó.
Sacasa Cruz aseveró, también, que organizan una unidad interna dentro de la Superintendencia de Bancos “que sea como contraparte de la Comisión de Análisis Financiero, para que cuando sea necesario colaborar en alguna investigación, podamos hacerlo con el personal requerido”.
Sacasa, sugirió que la reforma a la Ley 285 debe permitir cerrar las cuentas en las instituciones bancarias, de las personas que se sospecha de lavar dinero: “Lógicamente (a) ningún banco le gusta tener una cuenta abierta sobre alguien que tiene sospechas que tiene lavado de dinero. Para proteger al banco, la ley le estaría prohibiendo cerrar la cuenta”, con el permiso de la Comisión de Análisis Financiero.
