Abraham Rossman Castilla
En otro artículo destaqué –entre otras cosas— el efecto nocivo del acentuado centralismo del Sistema Único de Salud. Ahora me ocuparé de la nueva Ley General de Salud y sus debilidades sensitivas.
Conocí muchas versiones del anteproyecto de Ley General de Salud para Nicaragua, desde una que tenía más de 400 artículos hasta la que está vigente, encogida a 89. Todas han sido elaboradas por expertos extranjeros con limitadísima participación de expertos nacionales y sin ninguna consulta con sectores de obligada presencia, entre ellos, las facultades de medicina más importantes; la Asociación Médica Nicaragüense; las más destacadas ONG involucradas en la oferta de servicios de salud; Colegio de Enfermeras; la Escuela de Salud Pública, asociaciones de odontólogos y farmacéuticos, etc.
Es lamentable mencionar que las interconsultas con el INSS, como el segundo más importante proveedor de servicios de salud del Estado, fueron escasas y a regañadientes y sin la participación de profesionales calificados. Los funcionarios del nivel intermedio del INSS y el Minsa guardan una especie de solapado antagonismo y mutuamente se excluyen cuando se trata de definir sus respectivos límites. Por lo menos así fue hasta el 31 de enero del 2002, cuando tomé la decisión de poner mi renuncia al INSS. Espero que las nuevas autoridades hayan superado esas perspicacias.
Al fin y por presión afortunada de los organismos internacionales, la Asamblea Nacional promulgó la tan esperada Ley General de Salud, el 14 de marzo del 2002, y debió entrar en vigencia el 14 de septiembre del mismo año.
El espacio disponible no me permite puntualizar todas las debilidades de la Ley. Debo referirme a las dos más importantes. Una de ellas, se contrapone al más fuerte componente del Programa de Modernización del Sector Salud : la descentralización. En el Título II, Capítulo I, al referirse a las competencias y atribuciones del Minsa, en su Arto. 39, dice textualmente: “Administrar todos los establecimientos de salud de propiedad pública del territorio nacional”.
Interpretado literalmente, se repite el exagerado protagonismo del nivel central del Minsa del Sistema Único de Salud, contraviniendo al mismo plan de modernización que es transferirles a grupos sociales departamentales y municipales idóneos, la autoridad para administrar sus servicios de salud.
Otro aspecto no aconsejable de la Ley, es la composición del Consejo Nacional de Salud. Es una supernumeraria e inoperante representación —que por experiencias anteriores— muchos de los actores compiten en posturas demagógicas ajenas al objetivo de los importantes asuntos a tratar.
Me atrevo a decir que los que intervinieron en la redacción de la Ley no tenían bien definido el perfil del nuevo Minsa como ente normador, regulador y facilitador, con la suficiente capacidad de transferir competencias, autoridad y responsabilidades a los niveles locales y regionales de la sociedad civil. Espero ver, más temprano que tarde reformas a esa Ley.
Si bien era necesaria una Ley General de Salud no es menos cierto que el Minsa necesita y le conviene que también se apruebe la Ley del Colegio de Médicos Cirujanos y la Ley de la Carrera Administrativa y del Servicio Civil. La primera como la estructura más legítima en el ejercicio de la medicina para darle el soporte más importante al Minsa. La segunda, para asegurar que el personal que se contrate, sea el más calificado y que en un futuro constituyan el eje de sustentación del Minsa modernizado.
Dentro de todo este esquema, hay que destacar la desproporción entre las masivas consultorías contratadas por el Minsa en los últimos diez años y sus resultados. Sería interesante que se hiciera una auditoría de la cantidad de dinero que el Estado ha gastado en las mismas. El costo de las mismas afecta al Programa de Modernización y que representan muchos millones de dólares.
Hasta hoy, no han llenado las expectativas y el sistema de salud sigue igual. Lo único que han logrado —en el mejor de los casos— es congestionar los archivos del Minsa con documentos que nadie se molesta en validarlos. En el futuro las consultorías deben ser operativas y que el experto, pruebe en el terreno, la veracidad de sus propuestas, compartiendo experiencias e interactuando con los nacionales.
Un destacado funcionario de la Secretaría de la Presidencia de la República, concluyó en un seminario, su exposición, con lo que yo considero un epitafio desafortunado pero real: “Dentro del sector público, el Minsa está en la retaguardia de la modernización”. Yo comparto su criterio.
El autor es médico.
