Sergio Cuarezma
La regulación del financiamiento de las campañas electorales y los escándalos relacionados con violaciones a estas normas, son temas que afectan aún a los más avanzados sistemas electorales. No obstante, significativo progreso regulatorio existe a nivel mundial y es necesario lograrlo aquí, antes que delitos electorales, tales como el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral pasada, degenere en el futuro en problemas de compras de candidatos por gobiernos extranjeros, o campañas realizadas con fondos provenientes del narcotráfico, eventos que tendrían consecuencias aún más allá de la ilegitimidad de los electos y la grave erosión de la confianza ciudadana.
Toda ley hace manifiesta una voluntad, particularmente las leyes políticas, como la Electoral. Nuestro marco regulatorio de financiamiento electoral, si es posible llamar una cosa por su ausencia, no muestra voluntad de regular o penalizar el uso de ningún tipo de fondos en campañas electorales. Por el contrario, no pone límite a lo que un candidato puede obtener, a lo que una persona o grupo puede donar, no obliga a hacer públicas las contribuciones, ni transparente la rendición de cuentas, y nos hace un país que permite contribuciones ilimitadas desde el exterior.
Existen dos fuentes de financiamiento para las campañas electorales: dinero público, también llamado financiamiento estatal; y dinero privado, proveniente de personas o empresas. Casi toda la problemática mundial alrededor del financiamiento de campañas surge del uso de fondos privados, ya que éste introduce distorsiones no observable en los fondos públicos: Primero, el dinero privado es más difícil de regular y transparentar. (Por definición, el Estado sabe cuánto otorga a cada candidato o partido). Segundo, las contribuciones de individuos o empresas, son inversiones como cualquiera otra y surge el peligro que las autoridades electas queden sujetas a intereses particulares. Tercero, el financiamiento privado ilimitado hace las elecciones cada vez más costosas y dificulta las mínimas condiciones de competencia. Un estudio en países con historiales de elecciones periódicas (un grupo al que Nicaragua empieza o aspira a pertenecer) mostró que la variable más decisiva para ganar unas elecciones es el poseer ventaja significativa en los recursos para las campañas.
La solución, según múltiples pensadores, es prohibir el uso de dinero privado en efectivo o especie en las campañas. Si el Estado sabe cuánto y cómo otorga los fondos, fácilmente puede notar cualquier trasgresión a esta regla pues los gastos legítimos de las campañas modernas, aquellos que se traducen en votos, son evidentes. Como en casos de enriquecimiento ilícito, el Estado transfiere el peso de la prueba de inocencia al acusado a partir de una sospecha fundada de haber gastado más que lo autorizado por el propio Estado. Otras ventajas son el abaratamiento de las elecciones (que no costarán más que lo que el Estado determine), y la limitación de las influencias económicas en la Administración Pública. A pesar de su lógica, esta medida no ha sido aplicada en ningún país a la fecha porque a los políticos les gusta el acceso ilimitado al dinero, a los empresarios les interesa la influencia y muchos grupos de poder de facto tienen una enorme bonanza en épocas electorales.
Se conoce la medicina, pero en el mundo entero los grupos de poder la encuentran demasiado amarga. ¿Se podría considerar aquí?
El autor es vocal del Grupo Cívico Ética y Transparencia.
